Así lo recordó la propia jefa del Ministerio Público en el Biobío, Marcela Cartagena. Reiteró, además, que por ahora no existe evidencia para formalizar cargos contra el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz.
En medio de la caótica salida desde la Sala 3, del Tribunal Oral de en Lo Penal de Concepción, que facilitó el espacio para que se realizara la jornada de discusión de medidas cautelares de las 5 personas contra quienes se formalizó investigación, en la denominada arista “Fundación En Ti”, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, señaló que habrá nuevas formalizaciones de personas imputadas en otras de las indagatorias que se llevan adelante.
“Se vienen. Nosotros tenemos más de 15 fundaciones en investigación”, afirmó la jefa del Ministerio Público en la zona.
En este contexto la persecutora recordó que no es ninguna sorpresa que entre las personas indagadas está el propio gobernador regional, Rodrigo Díaz.
“No es un misterio para nadie que el Gobernador Regional está siendo investigado a propósito de la investigación de estas 15 fundaciones. Eso no es un misterio”, afirmó Cartagena.
“Nosotros como Fiscalía del Biobío no vamos a actuar respecto del Gobernador ni de nadie porque alguno de los abogados (defensores) eleve la voz, lo haremos por el mérito de lo que indaguemos y por el momento no encontramos mérito”, aseguró la fiscal regional.
En tanto, uno de los temas en los que se centró y se centrará el debate en torno al caso de la “Fundación En Ti”, es si existe o no la figura de estafa, la que el Ministerio Público formalizó contra Camila Polizzi y los hermanos Sebastián y Diego Polanco.
Algo que fue hecho sentir por el juez de garantía Iohan León, que de hecho lo dejó de manifiesto en la fundamentación de la decisión que no concedió la prisión preventiva que pedía el Ministerio Público, esto porque a juicio el magistrado, no se configuraban con claridad , los requisitos que exige este delito para configurarse, entre ellos que exista un engaño desplegado.
“No vemos que se pueda cumplir la estructura típica de la estafa . No solamente porque los mismos que debían proteger (funcionarios públicos) no pusieron los elementos necesarios para ese engaño, porque el engaño para nosotros no fue suficiente”.
“No vemos ninguna actividad de parte del engañado -Estado- para impedir que se sigan pagando estos dineros. Por eso, es que no podemos ver la estructura típica de la estafa en este hecho, como un delito base”, planteó León.
En esta perspectiva, Pablo Ardouin, defensor penal público de Camila Polizzi, coincidió en que este tema no era claro en la imputación de la Fiscalía.
“Nosotros explicamos. Los hechos imputados por el Ministerio Público dan cuenta de un sólo hecho de estafa. Entonces, hablar de una máquina (de defraudación) no corresponde con los mismos hechos de la formalización”, afirmó.
Y respecto a la opción que como planteó el juez León sí se pudiera llegar a configurar el delito de fraude de subvenciones, el abogado tampoco cree que existan elementos para fundar esto.
“Sobre el fraude de subvenciones esa es la opinión del tribunal, nosotros creemos que no se configuran los delitos”, concluyó.
Probablemente este será uno de los temas que se debatirá en un eventual juicio oral y que puede llegar a tener diferencias considerables respecto de las penas que estos delitos tienen asociados como sanción.
Tras la decisión de rechazar la petición de prisión preventiva para los 5 imputados, el Ministerio Público anunció que apelará a dicha resolución, pero que sólo lo hará en el caso de Polizzi y los hermanos Polanco, a quienes se les formalizó por Lavado de Activos.
Y de hecho, la fiscal Cartagena presentó dicha apelación de forma verbal, la que fue declarada inadmisible por el juez de garantía, por no estar entre los delitos en los que se puede realizar tal solicitud.
Por ello, la Fiscalía deberá utilizar la vía habitual, donde cuenta con 5 días de plazo, los que terminan este martes.
Lo que queda ahora es que se presente dicha apelación, que está siendo preparada en la fiscalía regional, donde están convencidos que sí había argumentos para que los tres formalizados quedaran privados de libertad en la cárcel, como lo planteó Cartagena.
“Seguimos considerando que había mérito suficiente para pedirla y por eso la solicitamos. El tribunal estimó una cosa diferente”, insistió la fiscal.
Así las cosas, tras el ingreso de la apelación a la Corte penquista, esta deberá revisar si cumple con los aspectos formales y de ser así declararla admisible.
Tras ello, se deberá fijar día y hora para los alegatos respectivos, pero dado que los imputados se encuentran privados de libertad, aunque en su domicilios, la apelación debería verse con relativa rapidez, lo que significa que antes que termine la semana podría estar realizándose la audiencia y conociéndose la decisión del máximo tribunal de la zona, respecto de este bullado caso.