Gran parte de ellas corresponden a incumplimientos a la norma de emisión de ruidos. Organismo y seremi del área explican cómo funciona procedimiento para denuncias de la propia ciudadanía.
Un total de 18 procedimientos sancionatorios ha llevado a cabo la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de la Región del Biobío durante 2023, de los cuales 12 corresponden a incumplimientos a la normativa de emisión de ruidos.
Respecto a las denuncias, la Oficina Regional SMA tiene un registro de 658 denuncias en el presente periodo, de las cuales cerca de un 50% todavía están en trámite de investigación. Esto considerando que cada caso o empresa puede ser objeto de un número indeterminado de denuncias. Además, a la fecha hay un total de 294 expedientes de fiscalización.
El seremi del Medio Ambiente del Biobío, Óscar Reicher, explica que la SMA, dentro de sus competencias, no tiene por objeto fiscalizar todos los temas ambientales. “Hay una buena cantidad que son fiscalizadas por otros organismos, por ejemplo, Conaf, Sernapesca, Seremi de Salud o municipios”, detalla.
Entonces, inspecciona proyectos o actividades que se encuentren afectos a Resoluciones de Calificación Ambiental, Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, Normas de Calidad Ambiental, las Normas de Emisión, etc.
En lo que a las etapas de una denuncia respecta, cuando no se detecta un incumplimiento ambiental o hallazgo, el expediente de fiscalización cierra. En caso contrario, aquel documento pasa al área legal a través de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia.
Ahí es cuando, dependiendo de los antecedentes rescatados de su análisis, se inicia un procedimiento sancionatorio.
La primera etapa de esa técnica es la formulación de cargos hacia la empresa. En ese caso, el titular tiene dos opciones: presentar un programa de cumplimiento, es decir, una estrategia de mitigación, o bien presentar sus descargos. Ello se analiza, se concluye y, si el programa es satisfactorio, se cierra el procedimiento. Si no lo es, se cursa multa. Sin embargo, hay diversos protocolos legales para que el titular pueda apelar.
Desde su inicio de funciones en 2013, son 142 las sanciones dictadas por el organismo en Biobío. El año pasado y con 24, fue la temporada con mayor número de estas. Con el actual registro anual, ya se igualó la cantidad de 2020, el segundo año con mayor número de castigos.
Toda persona natural o jurídica puede poner en conocimiento a la SMA de eventuales infracciones a los instrumentos sobre los que tiene competencia. Desde el momento en que es presentada la acusación ante, la Superintendencia del Medio Ambiente tiene 60 días hábiles para informar al ciudadano del resultado de la misma.
Para Reicher, “siempre es recomendable denunciar porque los procesos administrativos que se inician tienen que tener una resolución de término, independiente de la demora. La SMA, por ejemplo, tiene una competencia súper demandada por la ciudadanía, que es sobre la norma de ruido. Una discoteque o una iglesia evangélica que generen ruido, pueden ser eventualmente fiscalizadas. De hecho, se reciben muchas denuncias ciudadanas”.
Sin embargo, de acuerdo al secretario regional ministerial, se ha generado una gran congestión de recursos y procedimientos administrativos sobre ruidos, lo que “se viene arrastrando casi desde que se creó la Superintendencia. Se crea y se comienza a recibir una alta cantidad de denuncias, lo que ha dificultado la fiscalización en otros ámbitos”.
Mientras se espera por una resolución final, existen medidas cautelares preventivas, donde se incluyen las provisionales y las Medidas Urgentes y Transitorias (MUT).
Para sanciones definitivas, la División de Sanción y Cumplimiento del organismo analiza los hallazgos y, si lo amerita, se establecen mecanismos alternativos de corrección temprana; amonestaciones por escrito; multas de una a 10 mil UTM según el grado; clausura temporal o definitiva; o incluso la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental.
Este año, el organismo estatal ordenó medidas provisionales contra el titular del vertedero ilegal que opera en el humedal Vasco de Gama.
También aplicó una multa a la Refinería Enap Biobío por más de $1.400 millones. El procedimiento sancionatorio se inició debido a que la empresa no realizó el cambio de una antorcha que permite reducir emisiones.
Por otro lado y fuera del área de control de la SMA, en Coronel ocurrió recientemente un incendio en la empresa Inger Industrial S.A., lo que levantó un sumario sanitario por parte de la Seremi de Salud regional, ente que allí tiene facultades fiscalizadoras, a propósito de una posible contaminación ambiental.
Ernesto Bravo, coordinador regional de la Unidad de Gestión Ambiental de dicha autoridad sanitaria, informó que el caso ocurrido el 31 de octubre se encuentra en etapa de descargos y análisis técnico para posterior resolución del departamento jurídico.
“Paralelamente, dadas las exigencias establecidas en el acta, se ha recibido información por parte de la empresa, donde ellos caracterizaron los residuos que se generaron producto del siniestro, los cuales resultaron ser no peligrosos”, complementó.