Seremi Óscar Reicher aseguró que esta posibilidad se baraja para modificar Ley 19.300. Además, explicó decisiones del Comité de Ministros sobre GNL e Hidronor y compleja situación de comunas del Biobío por calidad del aire.
El seremi del Medio Ambiente de la Región del Biobío, Óscar Reicher, se refirió a los últimos eventos que conoció recientemente la zona en materia medioambiental.
En primer lugar y desde un punto de vista político, las decisiones del Comité de Ministros -compuesto por los ministerios de Energía, Salud, Economía, Agricultura y Minería- respecto a los reconocidos proyectos GNL Penco-Lirquén y el Relleno Sanitario Hidronor.
Sobre el gasoducto, se aprobó su construcción y funcionamiento en la Bahía Concepción, mientras que en torno al segundo se resolvió acoger las reclamaciones en su contra, lo que permitirá analizar su cumplimiento normativo y eventualmente cumplir los requisitos para seguir adelante.
De igual manera, en el contexto de la declaración de Curanilahue como zona saturada por los índices de calidad del aire y el levantamiento de un proceso de articulación de un Plan de Descontaminación para la comuna, explicó que varios municipios de la Región se encuentran en situaciones similares -como Nacimiento, Lebu y Cabrero-, pero deben tener estaciones de monitoreo certificadas por la Superintendencia del Medio Ambiente para llegar a ese punto.
-¿Cómo observa que un Comité de Ministros, que es un organismo político, lidere un paso tan importante para proyectos medioambientales como lo que sucedió con GNL?
Primero, es importante recordar que el proyecto no es que haya sido aprobado por el Comité de Ministros. Lo que se hizo fue resolver los recursos de reclamación. Este proyecto ya contaba con aprobación de carácter regional el 2019 y una previa en 2016. La diferencia es importante porque ellos no tienen la competencia legal para evaluar de nuevo el proyecto, sino que solo resuelven si las observaciones que se levantaron por parte de la ciudadanía durante el proceso de evaluación ambiental fueron debidamente consideradas.
Dentro de las cuestiones que el Ministerio está revisando para poder reformar la Ley 19.300 es precisamente dotar de más contenido técnico a la evaluación ambiental, es decir, buscar mecanismos en que la votación política -de la entidad regional o del Comité de Ministros a nivel nacional- se elimine o bien esté en otra etapa del proceso, anterior a la final.
-¿Y en el caso de Hidronor?
Acá la cuestión es un tanto distinta porque lo que hizo el Comité de Ministros fue retrotraer el proceso. Aquí en la región hubo un voto de rechazo en atención a que no se estaban cumpliendo principalmente con dos normas del Reglamento de Rellenos Sanitarios, entonces lo que hicieron fue decir que se abre una oportunidad adicional para que el titular logre acreditar que cumple con toda la normativa ambiental y, de esa manera, volver al momento de la votación regional.
-El alcalde de Talcahuano dijo que puede haber pesado la reciente crítica del propio presidente ante la lentitud de entregar permisos en el país. ¿Es posible?
Yo tengo una visión distinta porque son dos cuestiones que como Gobierno hemos asumido. La situación de la evaluación ambiental de los proyectos es de larga data; no es nueva esta crítica de la demora. La diferencia está en que este Gobierno ha hablado de la necesidad de mejorar lo que algunos denominan como permisología porque primero hay que obtener la evaluación ambiental favorable para después ir a obtener otros permisos sectoriales, que no son ambientales pero sí de competencia de algunos ministerios en particular. Y eso a veces se dilata.
Una de las de las propuestas que se ha conversado es ver la opción de que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) funcione aún más como ventanilla única, que no solamente ambiental, sino que también lo sectorial ingrese en esa misma ventanilla para ir tramitando todo en conjunto.
-¿Qué puede hacer la Seremi y los distintos actores organizados o civiles ante las preocupaciones que conllevan eventuales avances en estos dos casos?
En el caso de GNL sigue abierta la posibilidad de hacer reclamaciones, incluso el mismo titular de la empresa podría reclamar ante el Tribunal Ambiental de Valdivia la decisión del Comité de Ministros porque se establecieron condiciones adicionales que no estaban consideradas al momento de la aprobación del año 2019. O bien, las mismas personas que presentaron recursos de reclamación que fueron rechazados podrían apelar ante el mismo tribunal.
-¿Puede llegar Nacimiento u otra comuna a una declaración oficial de zona saturada como Curanilahue para la elaboración de un Plan de Descontaminación?
En Nacimiento está la CMPC y ellos tienen estaciones de monitoreo propias, y esos datos se comparten al Ministerio. Por eso, podemos decir que la realidad es la misma. Esos casos también se dan, por ejemplo, en Cabrero o Lebu. En otras comunas puede ocurrir lo mismo pero no hay seguimiento público ni privado. En casos de datos privados, se pueden levantar alertas sanitarias, como en Los Ángeles.