Indagatoria del Ministerio Público asegura que existe prueba “científica, certera y pericial”. La PDI ejecutó diligencias en varios puntos del país.
Tres de los grandes incendios forestales que vivió la Región del Biobío a inicios de este año fueron generados por accidentes de responsabilidad de dos empresas eléctricas, de acuerdo al Ministerio Público.
Entre ellos, se encuentra el siniestro denominado Santa Ana, el que dejó 17 fallecidos entre Nacimiento, Santa Juana y Coronel.
En detalle, Fiscalía y Policía de Investigaciones expusieron resultados de una investigación que conducen cuatro fiscalías regionales en cuatro regiones de Chile, en conjunto con Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.
Esta fue en torno a tres hitos: el incendio que afectó al Fundo San José Grande el 29 de diciembre de 2022 en Nacimiento (con más de 5 mil hectáreas quemadas); el del 3 de febrero de 2023 en Nacimiento y Santa Juana; y el que golpea a Llico y Punta Lavapié en Arauco, donde al menos 80 familias perdieron su única vivienda, según informó la fiscal regional, Marcela Cartagena.
“Se ha establecido en estas investigaciones, de manera científica, certera y pericial por parte de la Policía de Investigaciones y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) que los principios de ejecución en estos incendios se deben a accidentes eléctricos provocados por líneas de alta tensión manejadas en fajas, que no tienen la mantención adecuada, son tocadas por especies arbóreas, provocan chispas y dada la sequedad del terreno, se producen los incendios”.
El prefecto Carlos Díaz, jefe regional de la PDI, sumó que a dichas conclusiones se llegó mediante “evidencia tanto escrita, llámese declaraciones de personas que presencian los puntos de inicio, como también de tecnología que se encuentra en Conaf. Luego, existen trabajos en terreno de estos equipos y se llega a determinar científicamente en los laboratorios”.
La persecutora hizo énfasis en que “nuestra legislación establece que la responsabilidad de la mantención de esas fajas de terreno, para evitar que las especies arbóreas toquen los cables de alta tensión y se produzca el efecto”.
En ese marco es que la mañana de este miércoles se realizaron allanamientos en dos eléctricas: Coelcha y Frontel del Grupo Saesa, con objeto de “establecer si el personal de estas empresas tiene participación o responsabilidad penal en los hechos ocurridos”.
Díaz profundizó en que las diligencias se efectuaron de manera simultánea en las cuatro regiones. “Hubo un trabajo intenso donde se desplegaron equipos especializados en el levantamiento de información; utilizamos alrededor de 100 detectives a nivel de las cuatro regiones. Eso está siendo levantado y nos quedan lugares donde debemos ejecutar todavía levantamientos”.
De esa forma se obtuvo información, equipos móviles, notebooks, entre otros elementos.
Rodrigo Jara, director regional de Conaf, indicó que “todas las investigaciones que realizó la Corporación, que son más de 400 en la Región, las pusimos a disposición de la Fiscalía”.
“Hemos hecho investigación sobre incendios de alta connotación social pero también de otros que han pasado desapercibidos, con el fin de mejorar nuestros procesos de trabajos preventivos”, añadió.
Diario Concepción se comunicó con ambas compañías eléctricas que fueron objeto de los allanamientos.
Marcelo Villena, abogado de la Cooperativa Eléctrica Charrúa (Coelcha), comunicó que “se nos ha permitido entregar toda la información acerca del exhaustivo mantenimiento de nuestra infraestructura eléctrica, así por ejemplo, se entregó toda la información digital e impresa solicitada.
Entendemos que este proceso ha involucrado a otras distribuidoras eléctricas, no obstante, es muy relevante que se conozca por la opinión pública la responsabilidad y obligación que las distribuidoras tienen de mantener sus franjas de seguridad libres de árboles, así como la imperiosa necesidad que las empresas forestales mantengan cortafuegos de dimensiones adecuadas en las zonas fuera de la franja de seguridad de la red eléctrica, así como en los bordes de caminos y zonas rurales pobladas”.
Por su parte, desde Frontel se sostuvo que “la PDI se ha hecho presente en nuestras oficinas para levantar información relacionada con el trabajo de mantenimiento que realizamos a nuestra infraestructura eléctrica. Reiteramos nuestra disposición a colaborar con la investigación del Ministerio Público. Tenemos la tranquilidad de que contamos con un exigente plan para asegurar la calidad y continuidad de nuestro servicio, lo que se demuestra y se confirma en la mejora de los indicadores de operación de la compañía”.
Vale precisar que hasta el momento no existen detenidos, ni menos personas formalizadas.