Una mirada y administración conjunta con recursos económicos destinados exclusivamente para las áreas protegidas, es el objetivo de esta nueva institucionalidad que corrige la dispersión administrativa en esta materia.
Diversas modificaciones se darán en numerosos servicios y secretarías regionales ministeriales a raíz de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que fue publicada este 6 de septiembre en el Diario Oficial, bajo la Ley 21.600. Este nuevo servicio unificará todas las acciones que se lleven a cabo en torno a la protección de la biodiversidad.
El seremi de Medio Ambiente de la Región del Biobío, Óscar Reicher, explicó parte de las implicancias que tendrá esta nueva institucionalidad. “Hoy las áreas protegidas están bajo la administración de al menos seis ministerios distintos, por ejemplo, Bienes Nacionales, Economía, Agricultura, Cultura, entre otros”.
Con esta nueva ley habrá una mirada y administración conjunta con recursos económicos destinados exclusivamente para las áreas protegidas, administrados por un organismo público cuya única misión es cuidar estas áreas, explicó Reichel, y agregó que se corrige dispersión administrativa.
Con esta ley se crean instrumentos de gestión, no sólo crea una institución pública, detalló el seremi de Medio Ambiente, sino que entrega herramientas para el avance en la protección de la biodiversidad.
“Sin ir más lejos crea por primera vez en Chile el Fondo Nacional de la Biodiversidad que está destinado a financiar proyectos de conservación principalmente fuera de las áreas protegidas del Estado, tales como actividades de investigación, capacitación, restauración, control de amenazas, acciones de conservación de especies, prácticas productivas que sean sustentables y entre otras actividades de gestión privada para la conservación”, sostuvo, añadiendo que aquellas personas que tengan terrenos importantes para la conservación y que los deseen destinar a la conservación podrán optar a financiamiento a través de este Fondo Nacional de la Biodiversidad, el que se conformará por donaciones, herencias y recursos que se han destinados por la ley de presupuesto, aportes provenientes tanto de entidades públicas como privadas.
En materia de fiscalización, el servicio vigilará el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas, de las obligaciones de los propietarios y administradores de áreas protegidas privadas, así como de todas las actividades que se desarrollen en las áreas protegidas, explicó la autoridad de Medio Ambiente en la Región. “La ley establece una clasificación de infracciones desde leves, graves, gravísimas y las gravísimas que pueden ser sancionadas con multas de hasta 15.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), la restitución total de los beneficios obtenidos como área protegida privada, caducidad de la concesión o el permiso sin derechos de indemnización y la prohibición temporal de ingreso a áreas protegidas entre 5 y 15 años”.
En cuanto a los servicios que se verán modificados, Óscar Reicher mencionó que tanto para el Ministerio de Medio Ambiente como para Conaf habrá modificaciones relevantes en su grupo de profesionales. “La dotación de funcionarios que tienen estas instituciones para la administración de áreas protegidas va a ir pasando a este nuevo servicio, la ley ordena el traspaso al Servicio de Biodiversidad de todo el personal de la Corporación Nacional Forestal que preste servicio exclusivamente para la administración y gestión del área protegida”, dijo.
Para esto se han fijado plazos que deberá ser a los tres años desde el inicio del funcionamiento del servicio. “El proceso de instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas va a ser gradual y se inicia con el decreto con fuerza de ley que se está redactando de manera conjunta entre el Ministerio de Hacienda y Agricultura y Medio Ambiente”.
Para el término de esta redacción hay un plazo de un año, así se produce la publicación de este decreto con fuerza de ley y, en él, se definirá la fecha de entrada de funcionamiento del servicio.
Desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), nivel central, señalaron que la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es una buena noticia y que en materia de evaluación de impacto ambiental participará como una instancia relacionada. Como ente técnico deberá pronunciarse en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental acerca de los impactos en la biodiversidad de los proyectos, incluyendo las medidas para mitigar, restaurar o compensar estos impactos.
“En particular la ley N° 21.600 prevé que el MMA dictará un Reglamento que definirá los criterios y estándares para determinar si las medidas de compensación de biodiversidad son adecuadas”, expusieron.
El nuevo servicio, según indican desde el SEA, colaborará en la evaluación ambiental también con una mirada más general, pues deberá promover la coordinación entre las medidas de compensación de los diversos proyectos y actividades con el objeto de tener las ganancias reales en biodiversidad.
El director del Centro de Ciencia Ambientales Eula, Dr. Ricardo Barra, indicó que nuevo servicio es un paso correcto para la adecuada protección de la biodiversidad. “En estos años hubo muchos esfuerzos para implementar este servicio y hubo consultas a la comunidad científica aunque no con la intensidad deseable. En lo personal no participé del proceso, pero entiendo que colegas del Centro Eula sí participaron”, manifestó.
Barra comentó que la Región del Biobío es la única en el país que tiene una Estrategia Regional de Biodiversidad antes de esta nueva institucionalidad, por lo que estamos más avanzados. “Las prioridades ya están establecidas, como por ejemplo, la protección de los humedales”, estableció.
Sin embargo, es necesario un mayor esfuerzo entre el Estado, la investigación e incluso el sector privado. “Para que este nuevo servicio pueda cumplir a cabalidad su mandato, la inversión en protección en Chile es muy baja cuando se compara con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). En nuestro país se invierte un poco más de un dólar por hectárea de área protegida. Esperamos que con esta nueva institucionalidad esto pueda cambiar”, observó Ricardo Barra.