Superintendencia de Educación afirma que hay dos denuncias menos que el año pasado. Rapidez en la denuncia y separación de presunto autor de la víctima figuran como principales exigencias.
La Dirección Regional de la Superintendencia de Educación se refirió al número de denuncias actuales por hechos de connotación sexual al interior de establecimientos educacionales durante 2023. Confirmó que van 23 en lo que va de este año. Lo anterior, a raíz de los últimos casos conocidos sobre denuncias de acoso y abuso sexual en colegios de la Región del Biobío, uno de los cuales se dio en un recinto municipal de Hualpén.
Carlos Martínez, director regional de la Superintendencia de Educación, estableció que “estas denuncias por hechos de connotación sexual, son dos denuncias menos en comparación al año 2022, en que teníamos 25 denuncias”.
En cuanto a la naturaleza de estas, pueden ser desde un adulto hasta entre los mismos estudiantes. “La diferencia en los protocolos de actuación las tienen los establecimientos, pero en realidad en síntesis son tratamientos bastante parecidos”, indicó Martínez.
De los lineamientos más importantes está derivar las denuncias al Ministerio Público en un plazo no más allá de 24 horas, establecer medidas como la separación del presunto agresor con la víctima. “Si es un adulto, un funcionario se pueden tomar acciones como separarlo de sus funciones provisoriamente, mientras se llevan los protocolos respectivos. No debería dejar de percibir sus ingresos, pero eso en realidad son definiciones que tienen que tomar los sostenedores, pero eso es un tema de carácter laboral”, sostuvo el director regional de la Superintendencia de Educación.
Sin embargo, la situación es bastante más compleja de tratar cuando la acusación se da hacia un alumno. “Lo que proponemos o sugerimos es la separación, no es que sea un elemento obligatorio. Pero se puede materializar de distintas formas cambio de curso, de jornada, monitoreo en los recreos para con los alumnos, pero es un mecanismo que se plantea como sugerencia”, afirmó.
“Nosotros como rol principal lo que analizamos es si hubo incumplimiento en la normativa educacional y si hubo vulneración de derechos. Son los dos elementos que fiscalizamos, con lo cual si un protocolo que no está ajustado a derecho o que se aplicó de mala manera, se va a dar inicio a un procedimiento sancionatorio en la Supertintendencia en contra del sostenedor”, detalló.
Respecto de las faltas en que incurren principalmente los establecimientos, Carlos Martínez, mencionó que “no derivar al Ministerio Público, ese es uno de los errores más comunes cuando hay hechos de connotación entre adultos y menores. Segundo, no hacer una efectiva separación entre el adulto acusado y el menor que está haciendo la denuncia”.
El protocolo indica que los establecimientos deben derivar las denuncias a los organismos correspondiente, pero si esto no se da, desde la Superintendencia de Educación llaman a los apoderados a acercarse directamente a denunciar.
DAEM Hualpén
Desde el municipio señalaron que la Dirección de Administración de la Educación Municipal creó un equipo asesor de convivencia escolar multidisciplinario que tiene como foco principal a la comunidad escolar completa.
“Hemos generado charlas sobre convivencia, uso de redes sociales y Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Desde un principio, como entidad municipal, dispusimos todo material de prueba al Ministerio Público con el objetivo de facilitar el proceso de investigación y esclarecer los hechos. Dentro de las medidas que se han tomado está la solicitud de protección para el menor denunciante, charlas a través de la Mutualidad, apoyo directo de Carabineros quienes hacen resguardo de entrada y salida escolar”, indicaron desde la municipalidad en un comunicado.