Movimientos sociales en favor de Concepción dieron a conocer que la judicialización es el camino para devolver la calidad de vida a vecinos afectados, tras el avance inmobiliario que experimenta la capital regional. Buscarán que anteproyectos ingresados antes del PRC actual se ajusten a normativa vigente.
Esta semana el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, explicó que si un anteproyecto de altura está enmarcado dentro de la normativa, este no puede ser rechazado por la Dirección de Obras Municipales (DOM).
Argumentó que, tras la 15° Modificación (vigente de julio del 2021), la situación para Concepción cambió, ya que sólo se permitirán proyectos que cumplan con los estándares establecidos, limitando las elevaciones.
Si bien lo anterior se logró gracias a la presión de la ciudadanía y posterior consulta a la comunidad impulsada por el municipio, dando un máximo de 15 pisos en zonas aledañas al centro y de 5 a 9 en la zona más céntrica, todo anteproyecto presentado antes de la modificación del PRC penquista, se podrá llevar a cabo.
Sin embargo, dicha normativa técnica no ha sido del gusto de la ciudadanía, puesto que significa que de aquí a unos años, de igual manera, se levantarán grandes edificaciones, sobrepoblando los barrios y alterando el funcionamiento de estos, debido al aumento del parque automotriz y la densificación humana.
“El retranqueo de cuatro metros, anterior a la entrada en vigencia de la 15° Modificación del PRC y que permitía, al extender la vereda, aumentando la altura de los edificios, significó un atentado a la ciudad que se grafica en la congestión que tenemos y en la pérdida del sol y calidad de vida de la gente”, explicó el presidente de Fundación Síntesis, Camilo Riffo.
Argumentó que “los permisos de edificación que se otorgaron, tanto en la postergación, es decir, en los tres meses previos a la Modificación al PRC y su entrada en vigencia, dejan dudas por la forma en que se llevó a cabo el proceso. Hubo una responsabilidad clara, porque se aletargó la situación que permitió que esto ocurriera. Se debió frenar todo ingreso de anteproyectos”.
Desde Conce con Sol, Bruno Betanzo, enfatizó que “se debió revisar con mayor detalle cada anteproyecto anterior a la normativa vigente, porque llama la atención la rapidez con la cual se aprobaron los edificios de más de 20 pisos. Consideramos que muchos tienen errores, lo que hemos podido confirmar con abogados, frenando el avance de algunos proyectos”.
Freno inmobiliario que buscan varias organizaciones sociales y juntas de vecinos penquistas, puesto que alegan que la pérdida de sol y congestión vial alterará la calidad de vida de todos.
“Por mucho que haya un papel que diga que la inmobiliaria cumple con la normativa, el freno inmobiliario se tiene que llevar a cabo. Existen antecedentes de un edificio cercano a la Remodelación Paicaví, que gracias a la presión de la comunidad logró reducir sus pisos, por lo que, es necesaria la organización social”, precisó Camilo Riffo.
Ese es el camino que esperan tomar los vecinos de la JJ.VV 16 de Concepción, ante el proyecto de la inmobiliaria Aconcagua (22 pisos), que se llevará a cabo en calle Maipú, entre Orompello y Ongolmo, aprobado por la DOM en mayo de 2021.
“Lo que buscamos es bajar la cantidad de pisos a lo planteado en el nuevo PRC, es decir, a nueve pisos, porque el anteproyecto fue aprobado en los tres meses previos a la entrada en vigencia de la 15° Modificación, cuando había un cese en la aprobación de anteproyectos. El reducirlo radica en que la zona céntrica, es denominada como Centro Cívico Comercial (CCC), que corresponde por plano a esa cantidad de pisos”, explicó la presidenta de la JJ.VV, María Cristina Contreras.
Agregó que “no buscamos que no se construya, sólo que se baje la cantidad de niveles, ya que al ser una construcción delgada, entre las casas de los vecinos, preocupa que ante un terremoto la estructura colapse. Algo que hemos planteado al municipio, pero no hemos tenido una respuesta favorable. Situación que estamos viendo junto a concejales de la comuna”.
Nueva densidad que se sumaría a los dos proyectos que se levantarían en las cercanías del parque Manuel Rodríguez.
“Tenemos que avanzar a un mayor control, teniendo la base que todo proyecto es conflictivo para quien vive en los costados. Dichos proyectos, divididos en cuatro torres, tienen menos de 300 departamentos cada uno, por lo que, no necesitaron pasar por el SEA, lo que es un resquicio legal, que atentará con la dinámica del sector”, aclaró Riffo.
Desde Derecho a la Ciudad, Mimi Cavalerie, señaló que “ante lo expuesto por los vecinos de Maipú, que no son los únicos, la vía que se puede utilizar es la judicial, para ver en ese juicio si se pueden encontrar algunas deficiencias en la entrega de los permisos o si faltó algún estudio”.
Detalló que “en el fondo hay que hacer una auditoría para ver si está todo en regla y teniendo todo eso, se puede pedir la rebaja de la altura, tal como ha ocurrido en Santiago y en casos puntuales en nuestra ciudad”.