El gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, analizó los resultados de la investigación que lideró la diputada Maite Orsini (RD). Casos involucran al Biobío.
En septiembre del año pasado la diputada Maite Orsini (RD) solicitó ante la Cámara de Diputados la creación de una comisión Investigadora para determinar posibles casos de abusos, explotación sexual y comercial dentro de Residencias Familiares.
Lo anterior, a raíz de reiteradas denuncias, específicamente en dos recintos del organismo colaborador Hogar de Cristo, de la Región de Valparaíso, no descartándose hechos a nivel nacional.
La iniciativa que fue aprobada y puesta en marcha en noviembre de 2021 reveló, el 8 de marzo, un cruento informe que detalló las vulneraciones sexuales a las que se vieron enfrentados lactantes, niñas, niños y adolescentes, que paradójicamente debía estar protegidos, bajo la tutela del Estado.
Para conocer los alcances de este informe, Diario Concepción conversó con el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, quien dio a conocer que dichas vulneraciones, también, involucran a residencias presentes en la Región del Biobío.
Dijo que el escrito contiene “conclusiones categóricas sobre las graves falencias en materias de prevención, rehabilitación y persecución penal de las organizaciones delictivas de explotación sexual y comercial infantil, en el contexto, de aquellos que están bajo el cuidado del Estado, el cual los privó de los cuidados parentales, bajo la premisa que los padres no tenían las condiciones para hacerse cargo de ellos”.
El informe mostró que la grave vulneración no se resuelve con el cierre de los Cread del Sename, ya que el cambio al modelo de Residencias Familiares mantiene la problemática, considerando que la investigación se gatilló por una denuncia en este nuevo modelo implementado por el Servicio de Mejor Niñez.
“Más allá de la suscripción transversal del Acuerdo por La Infancia y la promulgación de las leyes que marcan una nueva institucionalidad en el Sistema de Protección, se requiere de una gestión inmediata y efectiva en favor de los niños institucionalizados”, explicó Sánchez.
Lo anterior, y con el propósito de evitar que miles de niños sigan expuestos a estas vulneraciones, Sánchez enfatizó que se deben mejorar las políticas de Salud Mental.
“Es importante romper el círculo, es decir, que a la larga, cuando sean mayores de edad, no terminen en la prostitución, como tampoco en actos delictivos, y consumo de drogas y/o alcohol”, comentó.
Tras dar a conocer el informe, la presidenta de la Comisión Investigadora, la diputada Maite Orsini, dijo que se evidenciaba una institucionalidad ausente en la protección de niños, niñas y adolescentes. “El abuso y explotación sexual comercial ha sido reiterado, sistemático y de larga data en el sistema y las instituciones que deberían velar por su protección. Han sido tan débiles en su tarea que estas redes criminales han logrado identificar los centros de protección como un blanco fácil para su acción”, sentenció.
Considerando la asunción del Presidente Gabriel Boric, el gerente de San Carlos de Maipo precisó que “en materia preventiva, se debería capacitar y entrenar a toda la Red de Infancia, para de esta forma poder determinar los factores de riesgo, con modelos que tengan evidencia probada, es decir, oficinas locales de la Niñez con potestad administrativa efectiva, que mitiguen los factores de riesgo a la base de posibles vulneraciones de derechos”.
Agregó que “se debe avanzar en políticas de ayuda para las víctimas de explotación sexual y comercial, garantizándoles acceso a la salud, como el GES de Abuso Sexual para las víctimas, tanto física, como psicológica, con internación de corta y larga estadía en Unidades de Rehabilitación Intensiva”.
Enfatizó, además, que el Ministerio Público debe “perseguir y enjuiciar a las bandas criminales” y recordó otro punto importante, relacionado con los rangos etarios de los abusados. “El informe que da cuenta que lactantes también fueron facilitados para ser explotados sexualmente, casos que se han dado principalmente en las regiones donde más hay residencias familiares, me refiero a la Metropolitana, a la de Valparaíso y Biobío deben tener sentencia”, señaló Sánchez.