Mientras que Héctor Llaitul acusó que las empresas forestales en la zona acaparan tres veces más terrenos que los ocupados por las comunidades.
Los convencionales constituyentes de los pueblos indígenas se refirieron a los hechos ocurridos en Carahue la noche del viernes.
Mediante un documento, manifestaron que “estos graves hechos hacen evidente la urgencia que el país respete y repare los derechos políticos y territoriales del Pueblo Mapuche y de todas las naciones originarias como necesidad ineludible para el proceso constituyente de un Chile plural, de pueblos iguales en dignidad y derechos”.
Además, pidieron “la desmilitarización del Wallmapu para establecer condiciones de paz y privilegiar el diálogo político”. Y abogaron por una investigación objetiva y a esperar los resultados de esta, sin conclusiones apresuradas por respeto a la familia.
En este sentido, la Universidad de Concepción, lugar donde estudió Pablo Marchant, pidió una investigación acuciosa de los hechos y que el Gobierno de Chile entregue las condiciones necesarias para construir un diálogo que permita avanzar en soluciones. Junto con esto, manifestaron las condolencias a la familia del joven y desearon una pronta recuperación al trabajador herido.
Los funerales del joven de 29 años se concretarán mañana martes, en la comuna de Lumaco.
El dirigente de la CAM, Héctor Llaitul, en entrevista con Radio Universidad de Chile, sostuvo que “la confrontación es un poder de dominación que son los grupos económico. Acá ellos tienen un sistema de propiedad usurpada, sólo dos forestales controlan 3,6 millones de hectáreas que están siendo reivindicadas por nuestro pueblo. Esto es tres o cuatro veces más tierra de lo que posee nuestro pueblo-nación Mapuche. Y estas tierras forestales son parte de políticas extractivitas que están arrasando, depredando los territorios ancestrales del Wallmapu”.