Parlamentarios de la Región criticaron la tardía reacción del Gobierno contra la delincuencia, pero se comprometieron a analizar la moción que busca terminar con el narcotráfico y las bandas criminales.
En las últimas semanas, a lo largo del país se han vivido una serie de delitos de todo orden, que incluso, han terminado con fallecidos. A las balaceras en la Región Metropolitana, se han sumado los constantes conflictos emanados del narcotráfico, portonazos, robos con intimidación y violencia, entre ellos, nuevos femicidios que han vuelto a estremecer a la sociedad nacional.
Con todos estos antecedentes, el Ejecutivo reaccionó presentando un proyecto de ley al Congreso que busca modernizar la figura de asociación ilícita y crear dos distintas; una delictual y otra criminal, diferenciadas por la gravedad de los delitos cometidos.
El gobernador provincial (s) de Biobío y seremi de Justicia, Sergio Vallejos, llamó a los parlamentarios de la zona para que le den carácter de urgente al proyecto que busca endurecer las penas contra el crimen organizado.
“Esta moción permitirá modernizar las técnicas de investigación, que ahora están dispersas en nuestra legislación. Además, restringirá los delitos terroristas y de tráfico de droga. Servirá para generar técnicas investigativas de aplicación general (interceptación telefónica, uso de agentes encubiertos) limitados por la gravedad de los delitos que se conocen”, comentó Vallejos.
El diputado Manuel Monsalve (PS) dijo que “el Gobierno nuevamente llega tarde, ya que el proyecto se presentó después que han ocurrido hechos de violencia que les han costado la vida a muchas personas”.
Recordó que hace más de dos años la bancada de diputados socialistas le presentó al Ejecutivo una serie de iniciativas legales para sancionar con penas más duras el crimen organizado, asegurando que nunca tuvieron el respaldo requerido.
Entre 2016 y 2017, Coronel y Lota concentraron la mayor tasa de homicidios del país, casos que se generaron por peleas entre el narcotráfico y bandas delictuales. Si bien las cifras se han reducido, cada cierto tiempo, continúan las luchas entre bandas rivales, que, por lo general, terminan con fallecidos.
Con estos antecedentes, surge la interrogante sobre cómo este proyecto de ley podría beneficiar a las comunas del Biobío. “Estamos recién discutiendo el proyecto, pero a todas luces, estamos viviendo una situación crítica con respecto a ciertos actos delictivos que no están siendo bien abordados. En la Región también es tendencia. Como parlamentarios del Biobío, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, también tenemos que buscar el origen del problema y hacer un análisis profundo del tema. Las cifras en la Región han mejorado, pero tenemos que seguir buscando soluciones”, indicó el diputado Iván Norambuena (UDI).
Por su parte, el diputado Gastón Saavedra (PS) criticó al Gobierno por la habitual tardanza, y manifestó que espera estudiar la factibilidad del proyecto. En relación a los beneficios para la Región, el parlamentario cree que pueden ser múltiples, siempre y cuando sea una propuesta consistente.
“En Biobío tenemos que formular un trabajo con las policías para analizar los registros que tienen, los antecedentes que han recabado y cruzarlos con la Fiscalía para ver cómo podemos moldear diversos planes que nos permitan reducir los índices de delincuencia”, sostuvo.