Rectores dan a conocer minuta técnica y manifiestan que las autoridades de gobierno “han intentado generar desconfianza y desacreditar a las universidades del Consejo de Rectores”. En el texto, además, desmienten cifras y una supuesta falta de regulación.
“No podemos aceptar las afirmaciones de autoridades de Gobierno en el marco de la discusión del Presupuesto 2021, que reiteradamente han intentado generar desconfianza y desacreditar a las universidades del Consejo de Rectores para trabar cualquier avance en la discusión de los recursos que se requieren para garantizar la sustentabilidad de nuestras instituciones”, dijo el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores (Cruch), Juan Manuel Zolezzi, ayer luego de dar a conocer una “Minuta Técnica” que responde los planteamientos del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en medio de la sesión de la comisión mixta de Presupuesto.
Así, como una forma de “clarificar y desmentir los planteamientos” de la autoridad, las comisiones de Financiamiento y Jurídica del Cruch, que lidera el rector de la Universidad de Concepción (UdeC), Carlos Saavedra, elaboró un documento que fue presentado por los máximos representantes de las distintas agrupaciones: el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; el presidente de las Universidades Públicas No Estatales (G-9) y rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán; y el presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) y rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza.
La minuta se focaliza en tres temas: la disminución de financiamiento en programas de Educación Superior, la transparencia y rendición de cuentas, y el “supuesto aumento de remuneraciones en las universidades”.
En su planteamiento a la citada comisión, el ministro Briones dijo que “cuando se habla de (reducciones de) $40 mil millones de ingresos, había $30 mil millones que iban a caer, porque las iniciativas a las que estaban asociadas se terminaban. En consecuencia, (…) la caída es de $10 mil millones”.
Sin embargo, en su minuta los rectores dicen que en las universidades del Estado y Públicas No Estatales (G-9), se observa una reducción cercana a los $42 mil millones en fondos basales. “Aunque algunos de ellos son asignados por medio de postulación anual de proyectos, su monto total es permanente y no se encuentran asociados a programas que a priori contasen con una duración específica, tal como dio a entender el ministro”.
Sobre los cuestionamientos por una supuesta falta transparencia y rendición “de cuentas de nuestras universidades”, el documento alega desconocimiento de la autoridad.
“Las universidades estatales son las instituciones con mayor regulación del sistema de educación superior”, se explica y agrega que son parte del sistema de la Administración Pública de Chile y, además de los controles del Ministerio de Educación, están los de Contraloría que “realiza un programa anual de auditorías temáticas y auditorías no planificadas a las 18 universidades estatales”.
Agrega que Contraloría también tiene “una base de datos actualizada y detallada de todas las personas que tienen vínculos contractuales con estas universidades. Más aún, las universidades estatales deben entregar cada tres meses una cuenta detallada de su gestión financiera (…). Adicionalmente, los estados financieros son auditados anualmente por empresas auditoras externas”.
Junto con ello, las universidades del G-9 “dan cuenta de su actuación a la Superintendencia de Educación Superior” y “rinden todos los gastos asociados a fondos públicos a la Tesorería General de la República”.
Un tercer foco de críticas del Ejecutivo, se centra en un eventual aumento de las remuneraciones en las universidades receptoras de aportes fiscales. “Es importante precisar que el aumento del gasto por remuneraciones viene acompañado de un importante contexto que la autoridad omite”, dice el escrito.
Hacienda indica que el aumento en el gasto de remuneraciones en las Universidades Estatales es del 14,7% en el período 2016-2019 y un 8,3% en el caso de directivos entre 2018 y 2019, sin considerar la creación de las universidades de Aysén y O’Higgins, ni la actualización de las remuneraciones de acuerdo al reajuste del sector público. Tampoco considera la aplicación de las leyes Nº 20.996 y Nº 21.043 de incentivo al retiro -aplicado desde 2017- y que contemplan una bonificación adicional de hasta 11 meses de la renta mensual cuando un académico o funcionario se acoge a retiro al cumplir 65 años y que se imputa a remuneraciones, ni el aumento de un 6,7% de la matrícula total que experimentaron las instituciones del Cruch en el mismo período, lo que requiere de mayor personal académico y administrativo”.