Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y la Corporación de Asistencia Judicial asistirán judicialmente a mujeres vulneradas en sus DD.HH. y así erradicar la violencia de género de las calles.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en marzo pasado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) dio a conocer un balance de vulneraciones sufridas por mujeres durante el estallido social del 18/O de 2019.
En el escrito el Indh indicó que, a nivel nacional, ingresaron a tribunales 490 casos de niñas, adolescentes y mujeres que fueron víctimas de violaciones a los derechos fundamentales; 247 corresponden a torturas y tratos degradantes; y 112 por tortura con violencia sexual.
En el caso del Biobío, según el informe elaborado por la Colectiva Justicia en Derechos Humanos 26 mujeres denunciaron vulneraciones sexuales de agentes del Estado, durante la revuelta social de 2019 y principios de 2020.
Tras la firma de un convenio entre el SernamEG, el Ministerio de Justicia y DD.HH. y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), cualquier mujer que haya sido víctima de violación a sus derechos humanos en el contexto de manifestaciones, podrá contar con asesoría y representación jurídica gratuita en la interposición de acciones, querellas y/o recursos de protección o amparo, según corresponda.
“Esto refuerza el trabajo que hemos realizado con continuas capacitaciones a Carabineros y PDI, especialmente, en cuanto a primera acogida y denuncias en casos de violencia de género. Es una buena oportunidad de unificar discursos y ratificar nuestro compromiso con las mujeres de nuestra Región”, especificó la directora de SernamEG, Lissette Wackerling.
Dentro de los alcances del convenio colaborativo, está la realización de capacitaciones sobre derechos humanos, así como la erradicación de la violencia de género.
Desde el Partido Alternativa Feminista (PAF), Paloma Zúñiga, si bien agradeció la iniciativa, dijo el problema sigue siendo estructural. “Carabineros ejerce la violencia sobre las manifestantes, siendo que este tipo de instituciones debería proteger a las ciudadanas que libremente ejercen su derecho a manifestarse. Si ellos actuaran de buena manera no deberíamos requerir asistencia en tribunales”, dijo.
Pamela Hidalgo, integrante de la red La Protesta No es Delito valoró lo presentado. “Significa un avance hacia no criminalizar la protesta. Nos preocupa que el enfoque de género sea reactivo, después del abuso y que no abarque la violencia política sexual a hombres, que es igual de condenable. Consideramos que el Estado aún está al debe con la sociedad chilena”, sostuvo.
Desde el movimiento Callejeras Autoconvocadas, Belén Calcagno, indicó que “era imprescindible que el Gobierno y sus instituciones se hagan parte para apoyar a las víctimas de Carabineros durante las manifestaciones. Sólo nos queda estar alerta para que estas medidas en materia de género se cumplan”.