Senador Alejando Navarro solicitó un pronunciamiento al organismo. Congresista dijo que fiscalización al interior de los hogares es un acto ilegal y se sumó así a opinión de abogados Derecho que hablaron de inconstitucionalidad.
“No existe fundamento epidemiológico para permitir que Carabineros y fiscalizadores ingresen a los hogares con el pretexto de inspeccionar las medidas sanitarias. Carabineros no cuenta con el respaldo ciudadano para facultarlos de esa tarea, en un acto a todas luces ilegal, que Contraloría debe investigar”, dijo ayer el senador Alejandro Navarro (PRO) sobre las fiscalizaciones que se realizarán al interior de los hogares durante Fiestas Patrias y tras solicitar un pronunciamiento del organismo.
El representante del Bío Bío reiteró que la actual administración actúa de manera improvisada y que “está pasando todo límite. Si el ministro Enrique Paris quiere evitar contagios durante las Fiestas Patrias, debe prohibir todo permiso”.
Navarro agregó que “la fiscalización por parte de autoridades sanitarias y Carabineros se producirá en comunas populares, donde hay hogares con alta tasa de hacinamiento, no en sectores acomodados, por lo que será una fiscalización clasista y arbitraria, que permitirá allanamientos injustificados a los hogares de Chile. Lo que es un tiempo de celebración puede convertirse en un horror por el uso arbitrario de la fiscalización”.
Los dichos del congresista se producen, un día después de las luces entregadas por un grupo de abogados, quienes, consultados por Diario Concepción, comentaron que la medida podría caer en inconstitucionalidad.
“Volvemos a encontrarnos con situaciones que rayan en la inconstitucionalidad, entendiendo que hay bienes jurídicos que son importantes, además de la inviolabilidad del hogar, está el derecho a integridad física y psíquica que se ve invadida por parte de la autoridad y del Estado de Chile que se meterá a la casa o departamento de forma opresiva”, dijo el abogado Remberto Valdés.
Opinión similar a la del profesional del Derecho, Andrés Cruz: “que un organismo de índole administrativo, ni siquiera jurídico, tome la decisión de entrar a una propiedad privada, pasando a llevar la inviolabilidad del hogar y el derecho a la propiedad, es un despropósito y una amenaza”.