Recurso iniciado por la Defensoría en la Corte de Apelaciones de Santiago acusando que podrían agravar las condiciones de los privados de libertad, al estar lejos de sus familias.
La Defensoría Regional Metropolitana Norte recurrió de amparo a favor de cerca de 830 internos del penal Santiago 1 con el fin de evitar su traslado hasta Concepción.
La acción legal fue presentada el sábado por la defensora regional (s) Alejandra Lobos y en el escrito argumenta que “la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Concepción ha informado a la Defensoría mediante oficio de fecha 26 de junio de 2020 del inminente traslado efectivo de cerca de 830 personas desde el “CDP Santiago I”, en específico al Centro de cumplimiento penitenciario “El Manzano”, de la ciudad de Concepción”.
En el documento, la defensora asegura que “por el gran número se encontrarían sin duda un número importante, sino la mayoría de nuestros representados recluidos en el referido recinto penitenciario de Santiago I”, señala el texto.
A lo anterior, agrega que aún “no existe fecha determinada para la materialización de dicho traslado como así tampoco existiría constancia que, para dicho masivo traslado, se haya comunicado ni requerido autorización del Juzgado de Garantía respectivo, por lo que entendemos que el traslado se verificará sin aviso previo por parte de las autoridades penitenciarias”.
A juicio de la Defensoría, el traslado a casi 500 kilómetros de la Región Metropolitana constituye una relegación contraria a estándares de derechos humanos y pone en riesgo su salud, integridad física y psíquica, además de profundizar una posibilidad de contagio de Covid-19.
Diario Concepción intentó obtener una versión de Gendarmería, quienes declinaron referirse a la situación ya que se encuentra en tribunales.
No obstante, el oficio firmado por el director regional, Dieter Villarroel a la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones penquista manifiesta que “atendida la pandemia que afecta al país, Gendarmería ha adoptado la decisión de habilitar el C.P. de Concepción para albergar a población proveniente desde fuera de la Región del Bío Bío, atendida su condición de establecimiento nuevo y de contar con mejores condiciones de habitabilidad, considerando la necesidad de mantener el distanciamiento social y evitar al máximo la dispersión comunitaria intramuros, en caso de eventuales contagios por Covid-19”.
El mismo documento confirma que aún no hay fecha para el traslado, pues aún se encuentran en la afinación de los servicios básicos. Y que la capacidad del penal es de 1.608 internos, pero atendida la situación del país pueden recibir hasta 830 personas, ya que ese es “el contrato de suministro de alimentación vigente”.
Diputados, dirigentes políticos, el alcalde de Concepción y hasta el propio ministro de Justicia se han referido a este masivo traslado de internos de Santiago a Concepción.
Desde la Defensoría en Bío Bío aseguraron que es en Santiago donde aplicaba esta acción. “Por ser el tribunal legalmente competente pues de ejecutarse dicho traslado se vulneraría la ley”, explicó el defensor regional Osvaldo Pizarro.
En su última visita a la zona, durante el mes de junio, el ministro Hernán Larraín ni confirmó o descartó este traslado, ya que todavía estaba en estudio.
Hay que hacer presente que se originaron brotes de Covid-19 en los penales de Rancagua, Valdivia y La Serena tras la llegada de reos desde Santiago.