Los académicos y académicas del Departamento de Geografía de la Universidad de Concepción abajo firmantes, ante la masiva expresión ciudadana de descontento por la situación del país y la demanda por soluciones profundas, declaran que:
1.- Los orígenes y detonantes del fenómeno socio-político en desarrollo tienen raíz en un modelo económico cuya estructura ha implantado una concepción particular del territorio que ha resultado en la degradación de los sistemas socio-territoriales y ecológicos.
2.- Desde nuestra disciplina, observamos consternados las pobres y descontextualizadas propuestas del gobierno, incapaces de resolver las profundas desigualdades territoriales que han contribuido a una tectónica social caracterizada por la precarización, la explotación y la atomización.
3.- La Geografía, como disciplina que estudia el territorio, debe mantenerse activa en la discusión sobre soluciones profundas, estables y contextualizadas para la situación actual, contribuyendo a la reflexión sobre los factores, conexiones y mecanismos que la explican, para no reducir las soluciones a una batería de medidas superficiales. Asimismo, la disciplina debe hacerse cargo de los vacíos del conocimiento, asumir su responsabilidad y reconocer los límites de éste.
4.- Por eso, creemos que es momento de proponer preguntas fundamentales que permitan orientar la discusión presente, colectando argumentos para pavimentar rutas de respuestas que, aunque siempre en algún grado equívocas, deberían acercarnos a soluciones más eficaces:
Muchos intelectuales han acertado al apuntar que la acumulación de la energía social liberada estos días se asocia a la implementación de políticas neoliberales y extractivistas en los últimos cuarenta años. Este modelo, basado en una concepción de Darwinismo Social, interpretación errónea de la Teoría de la evolución, han desencadenado conflictos territoriales donde destacan los siguientes:
– La actividad agrícola, minera e hidroeléctrica se ha desarrollado en base a una artificialización del acceso al agua que tiene como sustento la premisa de un suministro infinito, detonando un incremento dramático del otorgamiento de derechos de agua, sin considerar la variabilidad del clima y los límites naturales. Como consecuencia, la prolongada sequía de Chile Centro y Centro Sur ha generado vulnerabilidad de las reservas y una restricción al uso del agua que afecta principalmente a las zonas rurales, sin existir políticas agresivas redistributivas o que aseguren el acceso al agua como bien público, y la condición natural de los cuerpos de agua que permita su dinámica natural.
– El Modelo Forestal, estimulado por una política de Estado que facilitó el desarrollo de extensas plantaciones forestales bajo el argumento de la recuperación de suelos y el crecimiento económico nacional, ha afectado a las comunas en que se ha instalado la industria, generando pobreza y expulsión hacia zonas urbanas, escasez hídrica y desarraigo territorial. Además, bajo condiciones climáticas extremas y con una pobre planificación territorial se incrementa el riesgo de experimentar grandes incendios forestales, que generan aún más pobreza, destrucción de paisajes y pérdida de servicios ecosistémicos esenciales para las personas. Sin haberse hecho cargo de la destrucción del recurso suelo, contribuyendo a un aumento de la erosión y a la construcción de paisajes degradados, especialmente en las denominadas zonas del secano costero.
– El desarrollo de una gran minería en el norte y centro del país, bajo una prioridad nacional facilita la extracción de recursos, ocupa y afecta ecosistemas montañosos frágiles, glaciares y recursos hídricos escasos que afectan a comunidades locales, sin generar mayores beneficios a las comunas y regiones en que se localizan. Los relaves de la actividad minera representan nuevos riesgos en ciudades ya expuestas a otros riesgos de origen natural como aluviones, no siendo la planificación territorial una herramienta de respuesta o adaptación. El gran crecimiento de campamentos se da justamente en capitales regionales con intensa actividad minera, lo que muestra que no necesariamente genera más riqueza. Las nuevas demandas de la industria tecnológica por materiales como el litio y las tierras raras, sumado a los efectos del cambio climático generan nuevos paisajes vulnerables e incertidumbre entre los habitantes del territorio ante cambios inminentes donde las personas no perciben de parte del Estado un resguardo a sus derechos fundamentales.
– La contaminación ambiental de industrias localizadas en áreas urbanas que funcionan bajo plena autorización estatal son denominadas de manera corriente por la sociedad que las habitan como zonas de sacrificio, alertando sobre la falta de confianza en las exigencias normativas y en el monitoreo y fiscalización por parte del Estado. Esta situación se da en sectores empobrecidos, desnudando una injusticia ambiental que tiene consecuencias en la salud física y mental de los residentes y sus familias. La planificación territorial actual no ayuda a revertir esta situación, ya que se siguen instalando industrias contaminantes en cercanía a sectores residenciales y viceversa. Asimismo, la gestión para la reducción del riesgo de desastre no es abordada adecuadamente mientras que la sustentabilidad territorial no es resguardada. Esto crea nuevos conflictos socioambientales y las consecuencias de la mala planificación territorial se evidencia con la ocurrencia de desastres socionaturales.
– La escasez de viviendas en un contexto de acaparamiento inmobiliario con fines de inversión y especulación que es visto con pasividad por el Estado, tiene a muchas familias viviendo en campamentos y como allegados. Esto se suma a la mala calidad de las viviendas que no cuentan con una adecuada aislación térmica y es una de las causas de la contaminación atmosférica al requerir de un alto uso de combustibles contaminantes. La falta de viviendas dignas genera conflictos sociales, mal vivir, problemas a la salud y muertes, sin que haya una respuesta decidida desde el Estado para modificar la política habitacional y, en el caso del Gran Concepción, sigue sin promulgarse el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, estando ya comprobado que se trata de una ciudad saturada por material particulado fino. El derecho a la ciudad no es el mismo para todos los habitantes, existiendo grandes grupos desprovistos de espacios públicos de calidad y una pobre infraestructura de transporte público, mientras la ciudad se sigue construyendo sobre ecosistemas valiosos como humedales, dunas y cerros y en condiciones de amenazas socionaturales. Al mismo tiempo, indicadores de sustentabilidad, calidad de vida y bienestar territorial muestran una y otra vez como se expresa la desigualdad en las ciudades.
– Asimismo, en la situación de conflicto permanente que el modelo económico chileno tiene en los territorios mapuche, que ha puesto en jaque ambiental y social a las comunidades rurales y urbanas del Wallmapu, se evidencia en que los procesos de colonialidad siguen vigentes en el siglo XXI. Se requiere acciones que avancen desde las soluciones meramente campesinistas conducidas hasta ahora por el Estado hacia propuestas que involucren reconocimiento y la autonomía de su propio destino.
Estos ejemplos, y otros más, indican una clara correlación y causalidad entre dinámicas territoriales y la acumulación del descontento, acumulación que se ve facilitada por la democratización de la información a través de la tecnología. Así, el modelo económico y sus implicaciones sociales en general, tales como la inequidad espacial, la invisibilización de conflictos y de demandas por recuperación de recursos y bienes comunes -agua, semillas, minerías, se combinan con los impactos de la sobreexplotación de la naturaleza y de las poblaciones.
Todos estos fenómenos socioespaciales se han estado acumulando en las últimas décadas, generando no solo estadísticas de desigualdades territoriales y económicas, sino también una experiencia de vida empobrecida y dolorosa, donde se percibe que son pocos los que se enriquecen mediante la extracción de recursos naturales sin mediar una protección por el medio ambiente, mientras al mismo tiempo se acentúa la falta de justicia en el acceso a oportunidades, bienes y servicios. No es solo el alza de precio de los servicios básicos, el desamparo por la evasión de impuestos ni las malas pensiones. Es también la generación sostenida de un paisaje donde se normaliza la destrucción de la naturaleza y las desigualdades sociales como el precio a pagar para mantener un éxito económico a nivel país. Pese a esta condición diagnóstica, las autoridades no han sido capaces de plantear una situación de futuro significativamente mejorada en materia de derechos sociales básicos, como educación, salud y pensiones, ni tampoco en protección ambiental ni revalorización territorial, y las justas demandas sociales no encuentran una equivalente y pronta respuesta en las autoridades.
Así, el efecto del evento detonante de la situación actual podría ser explicado por varias corrientes teóricas, entre otras la criticalidad autorganizada -que ya ha sido utilizada para estudiar la primavera árabe. Sin embargo, nuestro conocimiento actual no nos permite saber aún la razón de que un particular evento, en este caso la evasión en estaciones del Metro de Santiago, haya sido el detonante y no otro. Por otra parte, tampoco sabemos si es posible que cualquier otro evento, sea este en un lugar diferente o cometido por otros individuos, hubiese producido un resultado similar.
La literatura de sistemas complejos provee un marco de referencia metodológico que permite identificar rutas o tendencias hacia puntos críticos -momentos o eventos- que provocan cambios de régimen. La aplicación de estos principios podría sugerir que los sucesos de los últimos días han desencadenado el fin del modelo económico imperante y el inicio de un nuevo contrato socioecológico. Sin embargo, es imposible determinar si ese punto crítico implica un cambio de estado si no conocemos, estudiamos, o imaginamos nuevos escenarios o modelos de sociedad. De hecho, vemos que están ocurriendo levantamientos parecidos en diversas partes del mundo que, aunque originados en diversas estructuras socio-culturales y económicas, coinciden en un desafío generalizado a las estructuras gubernamentales.
Con alarma vemos que todos, políticos, académicos, y la sociedad en general, sabemos bastante bien lo que no queremos, pero todavía no consolidamos una idea de modelo contextualizado a nuestra contingencia espaciotemporal. En esto, apelamos a evitar la discusión “de emergencia”, ligera y rápida -en escala de días o semanas- de aspectos que podrían cambiar la identidad de nuestro país. Así, hacemos un llamado para que el nuevo contrato o pacto social sea construido sobre una memoria colectiva con conciencia geográfica, histórica y cívica, donde las propuestas de soluciones reconozcan estos asuntos simples de base, para evitar en el futuro los errores del pasado. Invitamos a nuestros colegas, estudiantes y a la comunidad en general a participar de la construcción de la memoria colectiva, investigando sobre estos fenómenos de causas simples y consecuencias complejas, comunicando y enseñando a convivir en sociedad y con la naturaleza, reflexionando sobre las consecuencias territoriales y sociales del modelo imperante, y a la construcción de mejores alternativas de políticas públicas, reconociendo tanto lo que no sabemos como lo que no podemos comprender con las herramientas disciplinares que disponemos, sean estas teóricas o metodológicas.
Leticia Astudillo Reyes, Francisco de la Barrera, Carlos Cornejo Nieto, Sandra Fernández Castillo, Alfonso Fernández Rivera, Ianire Galilea Salvador, María Ester González, Edilia Jaque Castillo, José Prada Trigo, Paula Quijada Prado, Jaime Rebolledo Villagra, Rodrigo Sanhueza Contreras, Benedita Santos, Oscar Cifuentes, Patricia Virano, Carlos Vivallos, Ana Huaico.