Según cifras de la agrupación, van pérdidas de $2.105.000.000 en seis años. La acción legal es por no actuar como ordena la ley para evitar estos hechos de violencia.
59 ataques incendiarios en los últimos seis años, ocho de ellos en lo que va de 2019; 125 equipos forestales quemados desde 2014, 22 de ellos este año, con pérdidas que ya llegan a $2.105.000.000, son algunas de las cifras que llevaron a la Asociación de Contratistas Forestales AG, Acoforag, a presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
El escrito fue firmado por más de 40 empresas que prestan servicios forestales en la zona, los que han sido blanco de ataques incendiarios que han destruido maquinarias y han afectado laboral y sicológicamente a sus trabajadores en la región del Bío Bío en los últimos seis años.
René Muñoz, gerente de la asociación, señaló que “llevamos seis años en esta situación y encontramos que es totalmente atendible esta acción, porque vemos vulnerados nuestros derechos constitucionales, en especial el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas y en segundo lugar, el derecho a la propiedad privada”.
Robinson Garrido, abogado, explicó que “esta acción interpela a través de la Corte de Apelaciones al gobierno central, representado por el Intendente y los gobernadores de las provincias de Bío Bío, Arauco y Concepción, para que entreguen información sobre las acciones que se han realizado para garantizar los derechos mencionados en el recurso presentado.”
La acción legal denuncia que las autoridades no tienen identificadas a las empresas afectadas y que se desempeñan en la zona del conflicto mapuche o de violencia rural, por lo que solicitó a la Corte penquista que ordene al Gobierno Regional tener una mejor información que permita enfrentar los ataques
El abogado Garrido agregó que con esto se busca que los abogados de la Intendencia intervengan más activamente en las investigaciones, y no sólo se limiten a presentar querellas.
Consultado el intendente del Bío Bío, Sergio Giacaman, aseguró que “desde el gobierno, hemos estado siempre del lado de las víctimas, y es por eso que hemos desarrollado un programa que se llama Apoyo a Víctimas de Violencia Rural. Desde el punto de vista de la seguridad hemos presentado querellas y aumentado el despliegue de las policías”. Agregó que se han reunido con los contratistas forestales para favorecer la coordinación y minimizar el riesgo de este tipo de situaciones”.
La gobernadora de Arauco, María Bélgica Tripailaf, contra quien también está dirigido el recurso, reconoció que “hay una sensación de inseguridad. Como gobierno retomamos el tema de la compensación a las víctimas. Son grupos pequeños, pero la ley es muy garantista en ese aspecto y para detener a una persona hay que poder situarla en el sitio del suceso”.