Vivienda confirmó que sector en que se emplaza corresponde a la normativa vigente. Pugna se definirá en tribunales.
Preocupación está causando entre los vecinos de San Pedro de la Paz la construcción un nuevo edificio, ubicado en calle Los Canelos en Andalué, pues, según indican, estaría ubicado en una zona con riesgo de remoción en masa y generaría congestión.
Se trata del proyecto Nahuel, que implica una inversión, sólo en construcción de 170 mil UF, de 12 niveles, 80 departamentos, dos quinchos y una piscina, de la Inmobiliaria Andalué 2, que ya cuenta con un 20% de avance y se espera que esté terminado en mayo próximo.
Claudia Solimano, presidenta de la Organización Funcional San Pedro Unido, que representa a 70 familias del sector, afirmó que el predio en cuestión tiene una fuerte inclinación, lo que pondría en riesgo a los vecinos en caso de lluvias fuertes o derrumbes. “En el certificado de anotaciones previas está escrita la zonificación ZH10, que permite construcción de viviendas, pero a manuscrita, y al revisar el plan regulador nos dimos cuenta que no tiene zonificación asignada y la envuelve una zona de riesgo de remoción en masa, ZRR”.
Detalló que ya han interpuesto dos recursos de protección y una denuncia ante Controlaría, pues, a su juicio, se estaría incurriendo en una falsificación de documento público. “Municipalidad e inmobiliaria aluden a que el certificado de informaciones previas dice ZH10, pero habría una interpretación al plano regulador”.
Agregó que temen que ocurra un desastre por lo que espera que se definan medidas de mitigación en zonas proclives a taludes o deslizamiento de terreno, y que la Seremi de Medio Ambiente se haga parte por los riesgos ambientales que implica el material particulado, ruido y lo que considera un bajo nivel de seguridad.
“En la Contraloría existe un precedente, ya se ha pronunciado, indicando que no se puede intervenir en una zona de riesgo de remoción (…) Incluso el informe de riesgo dice que no hay zonas de quebradas cerca del predio, pero existen al lado. Lo mejor sería un edificio de cuatro pisos, pero no de 12 en esta zona y que se generen medidas de mitigación”.
Adelantó que en los próximos días interpondrán otro recurso de protección, referente al colapso vial que creen puede generar la obra por su ubicación y acceso. “No encontramos apoyo en el municipio, la mirada de ellos no es hacia los vecinos, sino hacia la empresa. Queremos detener la construcción hasta que todo se aclare, se den las condiciones de seguridad y respuestas claras”.
Enrique Donoso, socio administrador de Inmobiliaria Andalué 2 Ltda, que realiza el proyectos en el lugar desde 1994, momento en que compraron 100 hectáreas de terreno, aseguró que el proyecto, que entrega 200 empleos, se encuentra en regla.
“Según el permiso de construcción se puede construir en un 70% del terreno, nosotros estamos con un 10%. Podríamos tener 600 habitantes por la densidad permitida, pero sólo serán 300 (…) precisamente, porque se quiso preservar las quebradas que son características en Andalué. Por eso estas críticas al voleo molestan, porque nosotros iniciamos el desarrollo en Andalué. Hemos hecho por lo menos 15 proyectos, que suman más de 600 viviendas. Nunca hemos tenido problemas, ni siquiera con el terremoto“, comentó.
Sí reconoció que el terreno en cuestión tiene dos zonas, una ZH10 en que se emplazará el edificio y otra ZRR en que no se edificará, donde sólo habrá una calle de acceso. Recalcó que en el terreno sólo se cortaron pinos y eucaliptus, nada nativo, luego que el municipio en 2017, un año antes de iniciado el proyecto, producto de los incendios solicitó el corte de árboles que pudieran poner en riesgo a la comuna de incendio, “pero no se sacaron desde la raíz, no destroncaron, precisamente, para seguridad del terreno, y no se cortaron especies en zona de remoción en masa”.
De hecho, la inmobiliaria cuenta con un estudio de mecánica de suelos que concluye que no existen riesgos físicos para la estabilidad de una futura propiedad ni a sus muros de contención de hormigón en masa.
“La señora Solimano habla de intervención del plan regulador. El plan regulador está metido en un computador, con servidores gigantes. Es imposible alterarlo. Ella piensa que: un funcionario público pueda tomar un lápiz y cambiar la zonificación”.
En cuanto al colapso vial del que advierte Solimano, Donoso lo descartó por completo, pues se trata de sólo 80 departamentos, y agregó que no requiere estudio de impacto vial porque eso se realiza sobre 250 unidades.
Comentó que tras hablar con los vecinos se determinó realizar un estacionamiento especial para el camión recolector de basura para evitar congestión, realizar al término de la obra un lavado de los edificios cercanos, y obviamente, solucionar cualquier inconveniente que se pueda generar producto de la obra.
Agregó que ya se instaló en el lugar una malla rachel para disminuir la polución que generan las obras, ingreso de camiones con carga tapada, lavado de neumáticos de camiones antes de salir de la obra e implementación de bandereros con un curso especial.
Sin embargo, a juicio de Donoso, la molestia de Solimano se debería, principalmente, a que se vería afectada la vista de su departamento, ubicado en un edificio cercano, en un segundo piso.
Cabe destacar que la inmobiliaria también interpuso un recurso de protección en contra de la organización que dirige Solimano, pues sus dichos son considerados como injurias.
A pesar de las opiniones vertidas por Solimano, el municipio sampedrino declino responder las consultas de Diario Concepción. Eso sí, cabe consignar que, a mediados de abril, detalló a radio Bío Bío que el proyecto cumple con la normativa, está emplazado en una zona habitacional y que por sus características no requiere de un estudio de impacto vial.
Quién sí se pronunció sobre el tema fue el seremi de Vivienda, James Argo, que afirmó que tras revisar la zonificación en el plan regulador sampedrino concluyeron que el proyecto está emplazado en una zona que permite uso residencial, densidad máxima de 600 habitantes por hectárea y una altura máxima de 30 metros.
“Esto es algo que debe determinar la dirección de Obras Municipales respectivas, pero en principio estaría correcto y no habría una interpretación del plan regulador, es lo que indica la zonificación. Lo que puede llevar a confusión es que el terreno tiene dos zonas distintas”, comentó.
Hasta el momento, el conflicto se sigue analizando en Tribunales, a espera de un veredicto.