Buscan frenar construcción de serviteca, ya que argumentan que loteo y venta de terreno no es de uso comercial.
Durante más de cuatro décadas los vecinos de la Remodelación Eleuterio Ramírez o bien llamada “Remodelación Paicaví” reconocieron el terreno de 543,22 metros cuadrados, vendido por el Serviu a la empresa Econoruedas por $160 millones, como un área verde de uso público.
Es por ello que, al ver como la serviteca en cuestión está, a ojos de los vecinos: “construyendo a toda máquina en el lugar”, interpusieron el día de ayer, en el Juzgado Civil de Concepción, una Demanda de Nulidad en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio; que en 2017 vendió el área verde al particular.
Así lo explicó el presidente de la Corporación de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados del Bío Bío, José Ignacio Sapiaín, esto ya que según explicó se incumplieron dos puntos fundamentales en la ejecución de la venta del terreno que era usado como un bien de uso público.
“Cuestionamos cada uno de los actos administrativos que culminaron en la venta del terreno ubicado en la Remodelación Paicaví. El primero de ellos se refiere a la certificación del loteo y el segundo, en cuanto a la autorización para enajenar un bien de uso público, sin perjuicio de revisar los fundamentos de la prescindencia del mismo”, señaló el abogado.
En tanto, el diputado Manuel Monsalve (PS) indicó que lo que se persigue es que se termine con la política que permite privatizar un bien público, puesto que hay cientos de terrenos que son de calidad fiscal, que hoy están en manos del Serviu o de Bienes Nacionales que son para todos los vecinos.
“En el caso del terreno donde se está construyendo la serviteca, son dos aspectos centrales que se deben revisar, lo primero es que el Estado declare prescindencia del espacio, o sea, que diga que el terreno puede ser vendido o traspasado, es decir, que no tenga una utilidad para el desarrollo urbano, situación que no ocurre en la Remodelación, ya que el espacio mejoraba la calidad de vida de los vecinos y otro se refiere a la licitación, puesto que debió haber un certificado de urbanización, que no estaba en este caso”, argumentó.
Si bien la obra está en regla, ya que el terreno vendido cuenta con uso de suelo comercial, la presidenta de la JJ.VV., Hilda Ceballos, expresó que “queremos defender esta área verde. A través del programa Quiero Mi Barrio, buscamos mejorar el área en cuestión, a diferencia de ese taller mecánico, que sólo traerá contaminación al sector”.
Diario Concepción se contactó con la empresa dueña del terreno, para obtener su postura frente al recurso interpuesto, pero declinaron referirse al tema, por solicitud de sus abogados.