Situación crece con los días, ya que, además, aumenta la cantidad de imputados en prisión preventiva que no han podido ingresar a las cárceles.
Siguen los efectos del paro nacional de Gendarmería en la zona, que ya lleva cuatro días y que aún no ve solución entre la institución y el gobierno.
Ayer, el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, César Panés, encabezó una reunión en la que estuvieron presentes el seremi de Justicia, Sergio Vallejos, el jefe de la Octava Zona de Carabineros, el jefe de la Octava Región Policial (s) de la PDI, Prefecto Rafael Guerra Pérez, y el director regional de Gendarmería, coronel Diter Villarroel.
Tras el encuentro, el ministro explicó que se trató el traslado de los imputados privados de libertad a los recintos policiales, ya que los gendarmes están impidiendo el ingreso a las cárceles y el traslado de los imputados privados de libertad que deben ser llevados a juicio, lo que no se está permitiendo. Además, los traslados y vigilancia en los Tribunales los está realizando Carabineros.
Panés explicó que en la Región ya van 103 audiencias suspendidas: 8 en Arauco, 11 en Bío Bío y 84 en Concepción.
Además, informó que hay personas en prisión preventiva en cuarteles policiales: una en el retén Carampangue, tres en Lota, en la comisaría y uno de Talcahuano, que está en la segunda comisaría de Concepción.
“Es una situación de emergencia, de fuerza mayor, los recintos de Gendarmería están cerrados por el paro y, por eso, los jueces dan los ingresos a los recintos policiales”.
El suboficial Eduardo Riquelme, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) Concepción, confirmó que las visitas de familiares de internos y de sus abogados están siendo permitidas.
“Ya acuartelamos a todo nuestro personal de este penal y estamos atentos a las órdenes del nivel central. En la Región hay dos mil funcionarios uniformados plegados, además de los trabajadores civiles”.
El dirigente explicó que el petitorio tiene 12 puntos, pero que lo principal es la carrera funcionaria, que es una demanda histórica, “y los gobiernos han tenido la intención, pero se han quedado sólo en eso. No entienden que la movilidad en un grado no se puede estancar por 15 años y que un funcionario gane el mismo sueldo todo este tiempo”.
El defensor regional (s) Gonzalo Benavente, confirmó que ya van dos recursos de amparo presentados, por Lota y Carampangue, y preparan más acciones similares para hoy, “porque estos no son los lugares donde ellos deben cumplir la prisión, porque no cumplen las condiciones mínimas de dignidad”.