Los desórdenes protagonizados por los jóvenes provocaron un quiebre con la comunidad. Enviados allí por tribunales, tras ser vulnerados por sus padres, ahora enfrentan el rechazo de los residentes del acomodado sector.
Miércoles 31 de octubre, 17 horas: los adolescentes que viven en el hogar “Abrazo de Niño”, en Huertos Familiares, pasan una tarde tranquila: ven televisión, conversan, juegan taca taca o miran sus celulares. Su calma se rompe cuando llega Sandra Castro, directora ejecutiva de la Fundación Catim a visitarlos, junto al equipo de Diario Concepción. De inmediato, la abrazaron y, colgados de su cuello, le contaban las novedades del día. Su atención se volcó después a la cámara fotográfica y mientras algunos posaban felices, otros quisieron aprender cómo se usaba.
Atrás quedaron los desórdenes en el recinto, que se tomaron los medios de comunicación en septiembre, que daban cuenta de los destrozos que los adolescentes cometieron en la casa ubicada en calle Las Margaritas: vidrios rotos, gritos, amagos de incendio y una pandereta derribada fueron las huellas más visibles del paso de los jóvenes por el lugar. Incluso, uno de ellos fue sorprendido robando en una casa contigua.
De inmediato, los vecinos se organizaron y, en diversas reuniones, solicitaron que el hogar de adolescentes se fuera de su barrio. Consiguieron apoyo de la municipalidad y, con carteles instalados en el sector, llamaron a reuniones donde exigían la asistencia de los residentes. “Hacemos un dramático llamado a defender nuestra tranquilidad”, decían los afiches.
Pero, ¿cómo se explica que un grupo de niños, entre 10 y 18 años, haya causado tales desmanes en una casa y movilizado a una comunidad, que solo quiere verlos lejos de sus casas y de sus vidas?
Sandra Castro, directora ejecutiva de Catim, explicó que el programa comenzó en diciembre pasado y se denomina RemPer, es decir, residencias especializadas en protección y reparación, ya que contrariamente a lo que se difundió en redes sociales, en el hogar no hay niños “delincuentes” ni infractores de ley, sino que adolescentes derivados de tribunales de Familia, por maltrato y abuso grave dentro de su entorno familiar.
Según el convenio, debían entrar hasta 22 hombres, de 14 a 18 años, “pero es tanta la necesidad, que el tribunal me empezó a derivar niños de 10 años. Yo llegue a tener 18 niños, y eso se hizo inmanejable. Como quedamos cortos de espacio, nos cambiamos de Spring Hill a los Huertos. Era un barrio bonito, la casa tenía hasta piscina, entonces pensamos que íbamos a estar muy bien”.
Pero al tener más espacio, el tribunal les envió seis adolescentes más. Y ahí comenzaron los problemas, por tener niños de 10 mezclados con jóvenes ya mayores, y con otros que, pese a que eran enviados por medidas de protección, tenían conductas conflictivas derivadas de consumo de drogas o de problemas psiquiátricos.
“Como la idea de los tribunales ahora es sacarlos de los centros de administración directa de Sename, llegaban acá. Y el primer problema que tuvimos fue que entraron a robar a la casa de la vecina”, reconoció Sandra Castro. Y aunque los adolescentes que le llegaban no coincidían con el perfil de su proyecto, estaba obligada a recibirlos, ya que este RemPer es el único de la Región.
A la vecina le robaron joyas. Tras requisar, se las devolvieron y pusieron la denuncia, por protocolo. Pero ahí, por imitación, siguieron los desórdenes. “Y ahí nos tocó convencer al tribunal que ese tipo de chiquillos requería otro tipo de intervención, pero al principio no nos escucharon. Recién ahora, que llegamos a esta crisis, nos escucharon”.
Castro reveló que, tras el robo, la vecina afectada pidió ir al hogar, conoció a los adolescentes, les llevó pizza y compartió con ellos. Pero eso no fue suficiente, la junta de vecinos inició una campaña para echarlos del barrio.
“Les asustaba que ellos se subieran al techo, por ejemplo, pero hay que entender que eso es parte de sus prácticas. Son niños que han estado en residencias desde los 3 años, ¡qué más quieren!, se pregunta Castro.
Más aún: las crisis de los adolescentes ocurrían los viernes, cuando algunos se daban cuenta de que sus familiares a cargo no vendrían a buscarlos, “y eso causaba los llantos que asustaban a los vecinos. Rompían los vidrios y se cortaban. Tuve un chiquitito de 11 años que destrozaba los vidrios cuando no venían por él. Eso es lo que los vecinos no entienden”, se lamentó Castro, quien no entiende que los residentes y el municipio les digan “estamos súper preocupados por los niños, pero por favor, váyanse luego”.
Hoy, la situación está más tranquila. Los jóvenes que necesitaban tratamiento han ingresado a unidades de corta estadía, al Cread Nuevo Amanecer y la casa está en labores de reparación, lo que tardaría a menos dos meses. Así, Catim decidió arrendar otra vivienda para trasladarse con los 11 que quedan, la próxima semana, la que queda en Andalién, pero aún no deciden si regresan a Huertos Familiares o se quedan allá, porque están plenamente conscientes del daño que hace a los chicos saber que los vecinos los rechazan y no lo entienden. Ellos tienen acceso a redes sociales, entonces ya saben que la comunidad no los quiere allí.
“Tengo chiquillos que dejan la cama hecha antes de irse al colegio, entonces no quiero salir arrancando con ellos, porque no son delincuentes. Creemos que ellos se merecen condiciones distintas, que estuvieran en un barrio bonito, acá hay personas con un nivel que nos podría haber ayudado a hacer algo más por los chiquillos, pero los podemos dañar más si los mantenemos acá, porque los hace tener resentimiento, y eso es lo que hay que parar. Por eso vamos a evaluar sin regresamos o no”, dijo Sandra Castro.
Isidoro Valenzuela M.
Lo que resulta difícil de entender, para Castro y sus colaboradores, es la postura del municipio sampedrino, el que, pese a publicitar tener una política local de infancia y haber cedido a la misma fundación un lugar en Michaihue para instalar otra residencia, no apoyan que los adolescentes se queden en Huertos Familiares.
Margarita Quezada, directora de Desarrollo Comunitario de la municipalidad de San Pedro de la Paz, explicó que “la solución que está planteando el Sename, que es trasladar a los niños mayores, con problemas conductuales y con una mayor complejidad, a otro centro y dejar en san pedro a los más pequeños, que además están escolarizados en la comuna, es una solución eficiente, que debemos trabajar en conjunto”.
Agregó que “es importante destacar, en el marco de la política local de infancia, lo que no vamos a permitir es que se sigan vulnerando los derechos de estos niños y también de nuestros vecinos, por lo tanto, esto nos abre la puerta para encontrar una solución definitiva para el bienestar de los niños como para nuestros vecinos que merecen vivir tranquilos en un entorno que ellos han cuidado mucho también”.
Sin embargo, consultada Sandra Castro, precisó que nadie del municipio ha visitado alguna vez el hogar “Abrazo de Niño”.
Además, en una carta enviada por el director regional (s) del Sename, Patricio Muñoz, al alcalde Audito Retamal, el pasado 3 de octubre, se deja en claro que el municipio no ha cumplido con su labor.
“Siendo la infancia y la adolescencia vulnerada materia de preocupación en particular de este servicio, y en general de da la comunidad y autoridades, solicitamos por su intermedio y Oficina de Protección de Derechos de esa comuna, sensibilizar a la ciudadanía respecto a la atención de niños y niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, en el contexto de la implementación de residencias familiares insertas en la comunidad, de manera de favorecer y contribuir a la inclusión social”.
Patricio Muñoz informó que ya tienen en sus manos el plan de mejoras de Catim, que contempla esta residencia emplazada en Andalién, además de recuperar la infraestructura de San Pedro, “porque lo principal es que la residencia funcione y podamos atender a los niños de mejor forma”.
“¿Por qué viene esta lacra a mi local?”
Oscar Contreras es el encargado de la residencia y ha sido el paño de lágrimas de los niños y adolescentes durante este año, pero más aún cuando han salido a comprar o a pasear por el barrio y perciben el rechazo de los residentes.
“La misma comunidad ha sido agresiva con ellos. Una vez el dueño de un negocio le dijo a uno de los niños: “¿Por qué viene esta lacra a mi local? Entonces, eso les afecta emocionalmente. El conflicto con la comunidad ha sido constante, pero tenemos una sola denuncia, que es el robo a la casa y la hicimos nosotros”. Menos entiende a la comunidad, cuando la misma vecina afectada por el robo, que ya les había llevado pizza, los obsequió con dulces para Halloween. “Ellos no quieren tener al Sename cerca, dicen que son delincuentes, y ninguno lo es”, dijo Contreras.
Pero el presidente de la junta de vecinos de Huertos Familiares, Guillermo Araya, insistió en que la única solución al conflicto es que los niños se vayan de su barrio.
“Cuando hay una amenaza, ellos saben que la junta de vecinos está pendiente de cualquier cosa que altere la tranquilidad. Huertos Familiares es un lugar donde viven personas de un nivel intelectual alto. Hay muchos profesionales acá. Al poco tiempo nos dimos cuenta que trajeron infractores de ley y era imposible poder disciplinarlos. Para nosotros los niños están ante todo, pero no podemos pasar sobre los derechos de los vecinos”.
Para los residentes, es inaceptable que hayan derribado una pandereta, que lleguen los carabineros o que griten. “Queremos que los vecinos vuelvan a tener paz y tranquilidad. En una reunión nos dijeron que iban a reparar la casa, y que los niños se van, pero que después vuelven, y no estamos de acuerdo con eso”, precisó Araya.
El dirigente informó que en la última asamblea de vecinos, Catim fue declarada “persona no grata”, y se les exigió su retirada “al más corto plazo. Y yo creo que si eso pasa, la persona por dignidad debe tomar sus cosas e irse. Ya estamos cansados de sus promesas y no son interlocutores válidos”.