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$104 millones sustrajo contadora del hogar Arrullo según la Fiscalía

Noemí Betanzo fue formalizada por malversación de caudales públicos. Sus abogados intentaron, sin éxito, que se suspendiera el procedimiento por enajenación mental.

Por: Carolina Abello | 13 de Octubre 2018
Fotografía: Carolina Echagüe M.

Con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó Noemí Betanzo Otárola, la ex contadora del Sename formalizada por haber  sustraído $104 millones desde el hogar de lactantes Arrullo, entre 2012 y 2017.

Antes de la formalización, el abogado defensor de la mujer, Álvaro Araya, planteó la posibilidad de que el procedimiento fuera suspendido, por una posible enajenación mental, argumentando que la  ex encargada de Contabilidad y Presupuesto de ese recinto padece depresión y una severa ludopatía, gatillada por la muerte de su esposo, en 2008, situación que la llevo a sustraer  el dinero del centro, por un descontrol de impulsos.

Sin embargo, el fiscal del caso, Nelson Vigueras, rebatió sus argumentos, asegurando que existe un  informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), que expone que Betanzo es imputable y que, eventualmente, solo podría tener una inimputabilidad disminuida en base a una ludopatía, lo que será acreditado por el Servicio Médico Legal, ya que la contadora está citada a un peritaje el 19 de febrero de 2019.

Sin embargo, el tribunal no acogió la petición de la defensa, por lo que la mujer fue finalmente formalizada.

En su exposición, el fiscal Vigueras relató que Betanzo ingresó a trabajar al hogar de lactantes Arrullo, en 2005, primero como encargada de bodega, luego como encargada de adquisiciones y finalmente, como encargada de contabilidad y presupuesto.

En ese cargo, ella confeccionaba  cheques para pavo a proveedores, por lo que dejaba los cheques abiertos, obtenía las firmas de los responsables y luego los cobraba o depositaba en sus cuentas. Parte del dinero lo gastó en el casino Marina del Sol,  y en adquirir bienes personales, según la investigación.

Cuando un proveedor reclamaba un pago, hacía lo mismo, con el sistema de la bicicleta. Así, logró sustraer $104 millones con 164 cheques.

Su actuar fue detectado en marzo de 2017, al percatarse de que había una factura pendiente de pago, por lo que Sename ordenó un sumario y denunció el caso a la justicia, pero Betanzo renunció al Sename. En la causa , son querellantes el Consejo de Defensa del Estado y la ex directora regional del Sename, Jessica Flores.

Finalmente,  pese a que la defensa insistió en que la mujer padece de ludopatía, el tribunal decretó como medidas cautelares arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, y fijó un plazo de investigación de cuatro meses.

“Estamos en presencia de una imputada que es funcionaria pública desde hace bastantes años.  Todos sabemos la precariedad que existe en este tipo de establecimientos en nuestro país. Por eso, que esta persona se apropie de este dinero parece una conducta bastante reprochable y, por ello también, hemos pedidos medidas cautelares para que ella esté, al menos, con arresto domiciliario nocturno, lo que acogió el tribunal”, expresó el fiscal Vigueras, quien agregó que hubo un error en el primer informe de la Compin, que indicaba que la mujer no podía ser juzgada por su condición mental, lo que después fue corregido, asegurando que sólo podía tener una inimputabilidad disminuida en base a una ludopatía.

La ex contadora se expone a penas que van desde 5 años  a 10 años y un día de cárcel. Si se reconoce la inimputabilidad disminuida por el SML, sólo podría ser considerada una atenuante.

El abogado Araya insistió en que su cliente tiene una enfermedad mental, gatillada por la muerte de su marido en 2008, “y ella tiene una depresión severa, lo que la lleva a jugar y apostar en el casino. Las personas que son enfermas no controlan sus impulsos y arriesgan cosas como su trabajo por esto”.

El abogado querellante Alejandro Vera, en representación de Jessica Flores, solicitó en la audiencia arresto domiciliario total, junto con el Consejo de Defensa del Estado, lo que fue rechazado por el tribunal.

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