Acompañada de sus abogados, la familia de Sergio Mardoff Peirano llegó hasta la Fiscalía de Concepción para hacerse parte de la causa por la desaparición del joven, cuyo cuerpo fue hallado en el Servicio Médico Legal hace ya tres años, noticia que la familia conoció a través de un llamado de una persona cuya identidad mantienen en reserva. El cadáver había ingresado al SML en 2015, tras haber sido encontrado en el kilómetro 38 del camino a Santa Juana.
Mardoff desapareció en 2005, lo que motivó una intensa búsqueda por parte de su familia, que ayer criticó el actuar de la fiscal regional, Marcela Cartagena, quien aseguró que no se había podido identificar los restos llegados al SML en 2015, ya que se había comparado su ADN con los que estaban contenidos en el registro de ADN, vigente desde 2008, por lo que las muestras genéticas que había dejado la familia Mardoff no estaban incluidas.
“Nosotros no nos hemos reunido con la Fiscalía, porque ella ya informó todo por la prensa. Si es para eso, no nos interesa. Cuando llegue el ADN y nos confirme que es Sergio ahí queremos que nos explique qué pasó, pero el daño y el dolor de estos 13 años no tiene costo, no sé qué me podrían explicar”.
El abogado Leonel Castro precisó que ayer se hicieron parte de la causa representando a la familia, donde solicitaron diversas diligencias en el caso, como copias de las carpetas investigativas, “para revisar las diligencias que se realizaron y las que no para evaluar los pasos a seguir”.
También pedirán que la Fiscalía Nacional investigue lo ocurrido, para que se determinen los responsables de que la familia se haya enterado por terceros de que el cuerpo del joven llevaba 3 años en el SML.
El profesional aseguró que hay preocupación en la familia, ya que por la cantidad de años transcurridos, no habría una sanción para los responsables de la desaparición y muerte del joven, ya que se aplicarían los plazos de prescripción.
“Aquí habría una denegación de justicia, porque la familia puede interponer querellas criminales, pero el resultado va a ser incierto, porque ya estarían corriendo los plazos de prescripción, y ya estarían los 10 años contemplados. Entonces dejar a una familia sin el derecho a ejercer las acciones legales que correspondan, es una denegación de justicia. Los autores no van a tener ningún castigo, porque aquí correría el sobreseimiento definitivo, sin culpables y sin penas”.