En la instancia se recogieron testimonios de la realidad de cada municipio, en la que participaron los encargados de salud municipal, policías, Colegio Médico y SEC.
Tras la explosión en el Sanatorio Alemán, el 21 de abril y el doble homicidio en el Centro de Salud Familiar de Hualqui, ese mismo fin de semana, la gobernación de Concepción coordinó una mesa en la que participan Carabineros de Concepción y Talcahuano, la PDI, el Ministerio Público y los Servicios de Salud Concepción y Talcahuano, a fin de abordar los protocolos que existen en los centros de atención de salud, respecto a emergencias y también a las medidas de seguridad adoptadas.
Esto, ya que, además, los centros de salud han manifestado en reiteradas ocasiones la gran cantidad de agresiones a la que se ven expuestos los funcionarios e, incluso, los pacientes.
Por eso, en la reunión de ayer, expusieron sus problemáticas y principales requerimientos.
Marianela Chamorro, asesora jurídica de la Dirección Administración de Salud Municipal de Talcahuano, explicó que tienen situaciones complejas, “como agresiones a nuestros funcionarios, en todos los centros de salud, pero hay un peak de agresiones de usuarios, o sus acompañantes, en algunos puntos de la comuna, como en los centros de Salud Libertad-Gaete, los cerros de Talcahuano y población Patricio Lynch. Lo más generalizado es la agresión verbal, pero también hemos visto agresión física en los funcionarios en estos tres lugares sobre todo en el sector Los Cerros”.
Con el inicio del protocolo entregado por el Ministerio de Salud, la orden ha sido denunciar estas situaciones como accidentes laborales y presentar las querellas correspondientes.
De la mesa técnica, Chamorro valoró la posibilidad de acceder a fondos concursables de Seguridad Pública, para poder tener infraestructura de seguridad, cuyos costos son difíciles de abordar por los municipios. Agregó que hay una percepción de que las denuncias no llegan a buen puerto, “y eso vamos a tener que combatirlo”.
Héctor Martínez, jefe del Departamento de Salud de la municipalidad de Lota, aseguró que también necesitan apoyo para financiar iniciativas de seguridad, que cuesten más de 5 millones, “y hoy gratamente escuchamos que se amplió el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Seguridad Ciudadana, así que vamos a postular para mejorar la seguridad de nuestros usuarios y funcionarios”.
Agregó que en Lota “lo más recurrente es la agresión verbal y amenazas que reciben nuestros funcionarios de salud. No queremos llegar al extremo que hemos visto en otras comunas”.
El gobernador de Concepción aseguró que “hemos podido determinar cuáles son los puntos críticos de emergencia y seguridad de los distintos centros asistenciales, además de hacer la bajada de los protocolos que tiene, tanto Carabineros como Salud y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En el caso del protocolo de seguridad en materia de salud, está vigente desde el 11 de abril, y busca establecer los pasos en caso de agresiones, maltrato, denuncia de vulneración de derecho, entre otros. Lo que hoy queremos saber es si ese protocolo ha sido efectivo y qué falencias se han podido identificar”, sostuvo la máxima autoridad provincial, quien aseguró que necesitan estas reuniones para poder cuantificar la cantidad de hechos de violencia han ocurrido en los recintos de salud.
Sin embargo, Contreras manifestó su contrariedad por la escasa asistencia de representantes de Salud, ya que apenas asistieron cuatro de los 12 directores de Salud Municipal: Concepción, Talcahuano, Lota y Tomé.
“Lamentamos la baja concurrencia de los servicios de Salud municipales. Nos llamó la atención la ausencia de la dirección de Salud de Hualqui, donde se denunció uno de los hechos más graves de estos últimos meses. Estas mesas son de gran importancia, porque están convocados todos los organismos técnicos que les entregarán todos los elementos para otorgar protección a los funcionarios y a la comunidad”.
Agregó que se dio un plazo de 45 días para activar los protocolos del Decreto del Ministerio de Salud en materia de Seguridad Pública, a quienes no lo hayan hecho.
Por su parte, el Director de la SEC, Manuel Cartagena, informó que se tomarán un plazo de 60 días, para convencer y dar a conocer la importancia de que se cumplan los protocolos en materia de emergencia e instalación. Concurrido ese tiempo señaló “veremos cómo movilizar de otra manera para actualizar los sellos verdes correspondientes a las diferentes instalaciones”, afirmó.