Matías Lagos Díaz
Se han generado cinco proyectos para enfrentar la demanda de ordenamiento territorial en la zona.
En su visita a la Región del Bío Bío, explicó a Diario Concepción sobre las implicancias del programa “Chile Propietario”, que se está implementado en el país, para la regulación de viviendas a personas que han poseído inmuebles de forma irregular, por más de cinco años. Sólo durante el 2017, se inscribieron 2 mil 169 títulos de dominio en la zona, representando un 29% de los casos que tramita el Ministerio de Bienes Nacionales a nivel país.
“Este Ministerio pretende tener una mirada muy regionalista sobre el uso irregular de una propiedad. Por lo tanto, Chile Propietario, ha generado cinco grandes proyectos para enfrentar esta demanda del ordenamiento territorial”, precisó la subsecretaria Alejandra Bravo.
Entre ellos se encuentran: realizar un catastro de loteos irregulares y del saneamiento del uso irregular del borde costero; regulación territorial y de agua potable rural (APR) para los pueblos originarios, en coordinación con la Conadi; intervención de los campamentos para evitar la apropiación de terrenos.
Pese a los proyectos anteriormente descritos, existe una prioridad detalló, “lo primero es cumplir con la meta del rezago que nos dejó la administración anterior, de casi 60 mil familias que requieren la regularización de la pequeña propiedad raíz para que no demore más de cuatro años, ya que este proceso debiera tardar un año aproximadamente. En la Región del Bío Bío tengo 7 mil 800 casos de rezagados para la obtención de título de dominio”, estimó.
La subsecretaria Bravo indicó además que, “el desafío como Ministerio es resolver en un año 2 mil 877 casos de los casi 8 mil rezagados. En los casos que no se pueda regularizar la pequeña propiedad raíz por diversos motivos como reclamaciones, por ejemplo, Bienes Nacionales devolverá el dinero que no se pudo utilizar en el proceso”.
Finalmente, las familias que obtengan el título de dominio deberán pagar entre 385 y 400 mil pesos, según requiera el decreto de ley pertinente.