El abogado analizó la crisis de credibilidad que vive el sistema judicial tras los coletazos de los casos Caval y Huracán y aseguró que espera que su institución “salga fortalecida”.
No han sido meses fáciles para el Ministerio Público: la revelación de que tras la “Operación Huracán”, existía un montaje perpetrado por Inteligencia de Carabineros y las críticas por el nombramiento del ex fiscal regional Luis Toledo como notario (luego rechazado por la actual administración), tras haber investigado el caso Caval, ponían en tela de juicio para la opinión pública el prestigio y la credibilidad de una institución creada hace ya 18 años.
Paolo Muñoz, consejero regional e integrante de la directiva nacional de la Asociación de Fiscales, aseguró que ambos temas han sido de preocupación para ellos, pero aseguran que de esta crisis van a salir. “Me parece que la fortaleza de las instituciones se da en poder salir de crisis y cuestionamientos”, dijo el también fiscal adjunto de Concepción.
– Como asociación, ¿cómo evaluaron ese nombramiento?
– Respecto de la designación del ex fiscal Toledo como notario en San Fernando, la opinión que tenemos en el directorio no es que una persona del Ministerio Público no pueda postular a otra institución, hay fiscales que consideran que cumplieron un ciclo y se han ido, pero el problema en este caso es que él había tenido conocimiento del caso Caval, había investigado al hijo de la Presidenta y a su esposa, entonces estimamos que no era una imagen adecuada para la opinión pública que durante el mandato de la Presidenta Bachelet postulara al cargo de notario y fuera designado por la Presidenta, porque la conexión que hace la ciudadanía es que pudiera haber existido un pago de favor por algo, y puede que eso no sea, porque su carrera fue correcta y basada en su mérito, pero hay que cuidar la transparencia en las actuaciones del Ministerio Público y de un sistema judicial para que sea validado por la comunidad a la que va dirigida. Entonces, si se da esta situación que un fiscal regional investiga a parientes de una autoridad, en este caso la Presidenta, y luego es nombrado en un cargo apetecido, lógicamente da para que la opinión pública pueda dudar de las decisiones que se tomaron respecto de los familiares de aquellas autoridades.
– ¿Qué es lo más complejo en ese caso?
– Que se puede dar una señal equívoca a la sociedad, y eso es lo que se criticó. Es posible que la investigación del ex fiscal Toledo se haya regido por la ley, pero el efecto en la opinión pública, al ser designado notario había que evitarlo. Y esa fue la opinión que dimos al respecto. El mismo ministro de Justicia saliente señaló que el designado no era Toledo y se cambia el decreto tras el llamado de un superior. Por eso lo más prudente habría sido no postular en este Gobierno para evitar suspicacias, todo parte por uno. Nosotros no tenemos un protocolo escrito que impida estas postulaciones, pero nos parece que hay normas por las que regirse, valores morales, la ética, que deben regir las actuaciones de los fiscales, aparte de lo establecido por ley, tal vez alguien piense que debe existir una reglamentación, pero haya el mínimo sentido común, permite poder adecuarse y decir qué se debe hacer y que no es prudente hacer. El criteriómetro también sirve y creo que eso faltó en ese caso.
– ¿Cuáles cree que son las consecuencias del caso Huracán para la Fiscalía?
– Pienso que la pérdida de credibilidad dice relación con la actuación de Carabineros, porque el Ministerio Público optó por no utilizar esas pruebas, pero colateralmente hay un efecto en la Fiscalía, porque la relación entre el Ministerio Público y las policías debe ser de colaboración y cuando hay un conflicto repercute hacia todo. El hecho que se haya detectado prueba que se fabricó con el único objeto de inculpar a determinadas personas pone una mancha en el sistema judicial en su conjunto, porque la gente puede decir, bueno, y cuántos casos más existen.
– Pero a su juicio hubo una reacción oportuna del Ministerio Público.
– Sí, cuando los fiscales en Temuco y peritos de la Fiscalía Nacional detectaron las irregularidades, no había otra opción que no considerar esa prueba. Lo más lógico era no perseverar. Y esa fue la decisión correcta, pero extrañamos un apoyo del Gobierno al Ministerio Público.
– ¿Cómo se sigue investigando después de esto? Algunos se sentirán con derecho a decir que hay montaje en otras causas.
– Es bastante complicado para los fiscales que llevan esas investigaciones, pero ellos tuvieron el coraje de apegarse a la ley y decir que no usarían peritajes cuestionados. Eso los refuerza para llevar a cabo investigaciones en las que existe el convencimiento de que la prueba es legal y no ha existido vulneración de garantías de los imputados, y que son capaces de diferenciar cuándo se deben respaldar las investigaciones y cuándo no. Es muy fácil hablar de montaje cuando se comprobó que había uno, pero siempre en estos casos es común hablar de montaje, es muy usual, porque en cualquier causa vinculada a todo lo mapuche las defensas hablan de montaje, y eso no se había demostrado, entonces creemos que será una práctica habitual.
-Y a nivel nacional, ¿cómo se recobra la confianza de la ciudadanía?
– Cuando una institución pasa por crisis, tiene que salir fortalecida, porque aquí no se ha demostrado la existencia de actos de corrupción por parte de fiscales en ninguna causa, entonces tenemos la autoridad moral suficiente para seguir investigando. Sin duda que esto va a requerir modificaciones de normas legales, sobre como obtienen la prueba los servicios de inteligencia,y cómo salen de la institución los fiscales, porque nuestra independencia es lo que nos permite investigar a cualquier ciudadano del país.