Jessica Flores, ex directora del servicio, presentó antecedentes revelados por Diario Concepción, que dan cuenta de los incumplimientos del servicio desde 2015 en el CIP-CRC de Coronel.
El mismo día en que Rina Oñate, directora regional de Sename, dejaba su cargo, la actual concejal por Chiguayante y ex directora del organismo, Jessica Flores, interpuso en Contraloría una denuncia en su contra por notable abandono de deberes.
La presentación se basa en los hechos revelados por Diario Concepción en dos reportajes: el primero publicado el domingo 25 de febrero y el segundo el 8 de marzo, que daban cuenta de eventuales negligencias e incumplimientos a los deberes funcionarios.
Los antecedentes revelados por este medio, en el primer reportaje, revelan que, por cuatro meses, la Dirección Regional de Sename no respondió requerimientos realizados por el Departamento de Justicia Juvenil de Santiago. Esto, tras un informe fechado el 26 de octubre de 2017, realizado tras la visita de dos de sus profesionales, tras el evento crítico del 15 de octubre de 2017, cuando siete adolescentes internados en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Coronel intentaron suicidarse tras haber ingerido benzodiazepinas. Además, fueron agredidos por gendarmes al regresar del hospital coronelino.
En el informe de las profesionales santiaguinas, se consigna que a la zona viajaron ambas profesionales “atendiendo a la gravedad de los hechos y a la escasa y confusa información que envía el centro al nivel central de los hechos ocurridos”.
Además, cuestionó el rol del jefe técnico del centro y director (s) al momento de los hechos, Patricio Baeza, quien coordinó la emergencia vía telefónica y no concurrió al centro
Así, tras analizar documentos, realizar entrevistas con los jóvenes y con quienes laboran en el centro, las profesionales concluyeron que existe una conducción del CIP CRC “desorganizada y con escaso liderazgo técnico que afecta negativamente la estabilidad, funcionamiento y rutina del centro”.
En el informe, se entregan siete recomendaciones, pero el 23 de noviembre de 2017, desde Santiago se envió el memorándum 847, que indica “la alta preocupación que existe en la Dirección Nacional por el incumplimiento del plan de abordaje de la criticidad del centro acordado con el equipo directivo”, y menciona que la Dirección Regional no ha informado las medidas técnicas y disciplinarias tomadas por la Dirección Regional al respecto.
El 1 de febrero de este año, al percatarse de que no había respuestas aún, la jefa del departamento, Carolina Báez, envía un memorándum reservado a la Dirección Regional de Sename Bío Bío, donde manifiesta “la preocupación de este departamento técnico respecto a la situación del CIP-CRC Coronel”. El documento solicita “el pronunciamiento técnico de los antecedentes entregados y medidas a adoptar de la manera más expedita posible”.
Al informarse de nuevos eventos críticos en el recinto, se envió a la asesora nacional Paola Canales, quien estuvo en la zona el 12 y 13 de febrero. En su informe, constata más irregularidades, por lo que, so, en un documento enviado el 15 de febrero por la directora nacional de Sename, Solange Huerta, a Rina Oñate, le informa esta situación, le indica que se elaboró un nuevo plan de trabajo para el centro, el cual debe ser ejecutado, y le solicita responder los tres memorándum enviados, los que no han sido contestados, “mencionando las medidas tomadas para el abordaje y apoyo del adecuado funcionamiento del centro”, lo que no ocurrió.
Más aún, en el reportaje del 8 de marzo, se da a conocer un memorándum que, en febrero de 2016, el entonces jefe del Departamento de Justicia Juvenil, Hugo Herrera, envió a Oñate un memorándum reservado, donde, tras revisar el plan de acción del centro enviado a Santiago, se concluyó que un 60% de las acciones comprometidas se encuentran sin ejecución y su no cumplimiento “trae consecuencias negativas para los jóvenes que se encuentran en el centro, tanto a nivel de intervención como en su bienestar y el proceso de intervención social”.
Los incumplimientos siguieron, hasta que un informe enviado a Rina Oñate el 29 de diciembre, constata que “los eventos críticos no han cesado, afectando el funcionamiento interno”. En sus conclusiones, se deja presente “que el referido plan del centro fue solicitado por la directora regional, durante el año 2015, en función de los niveles de complejidad presentados por el centro en materia relacional y conflictividad entre jóvenes, incluyendo un caso grave de apuñalamiento”. Y concluye: “La Región no ha mostrado avances de ningún punto adquirido como compromiso durante el año 2016”.
Nunca más un cargo público
Por estas razones, Jessica Flores llegó a Contraloría, y aseguró que persiguen que Rina Oñate no vuelva a ocupar un cargo público.
“Esto dice relación a las faltas administrativas que ella ha cometido en estos cuatro años. Cuando incumple con los deberes que se le han mandatado, en especial el tener cumplido apenas el 40% de las observaciones que le hace el nivel nacional, respecto a cómo estaban los niños en el CIP-CRC que jamás superó y que vienen de 2015,da cuenta que tiene incapacidad de liderazgo, de gestión. Si se acredita el notable abandono de deberes, vamos a perseguir que ella jamás vuelva a ocupar un cargo público”.
Flores aclaró que, una vez que Oñate deja su cargo, queda con seis meses de responsabilidad administrativa, en los que debe responder por lo ocurrido en su servicio.