Ayer, Carabineros se opuso al allanamiento de sus dependencias en Temuco e impidieron la incautación de material.
Diversas reacciones provocó ayer la decisión de la Fiscalía Nacional de no perseverar en la investigación de la llamada “Operación Huracán” ante el supuesto montaje de pruebas que, según denuncia la fiscalía, habrían cometido carabineros y que llevó a que se decidiera investigar a la institución uniformada por haber presentado pruebas que serían falsas.
La Operación Huracán incluyó la detención de ocho comuneros, incluido el líder y vocero de la CAM, Héctor Llaitul, por su supuesta vinculación con la quema de iglesias y maquinarias en La Araucanía. Unos supuestos mensajes de WhatsApp en que los detenidos coordinaban los ataques eran la principal prueba expuesta por Carabineros.
El hecho desencadenó, además, que el Gobierno ordenara una indagación interna en la policía uniformada.
“Frente a los graves y complejos hechos denunciados, el Gobierno estima que no debemos hacer juicios apresurados” comentó Aleuy en el Palacio de La Moneda. Sin embargo, sostuvo que “si se llega a probar parte de los hechos, en el ámbito que se determine, el costo será muy alto para la institución que corresponda”.
En Bío Bío, la Asociación de Contratistas Forestales calificó de la más alta gravedad lo que ocurre hoy en el país. “No sólo con la Fiscalía, sino que también con las policías y el gobierno. ¿A quién podemos creerle?. Se supone que debemos confiar en la institucionalidad, pero cada vez vemos que esto está más podrido y no tenemos en quien confiar. Mientras tanto, seguimos siendo víctima de violentistas que nos quitan nuestras herramientas de trabajo y atacan a nuestros trabajadores” aseguró su gerente, René Muñoz.
Manifestó que “es imperiosamente necesario que el Gobierno comience a dar señales claras de respaldo a los trabajadores forestales. El Estado no sólo debe proteger y velar por algunos, sino que todos debemos ser iguales y durante los últimos años nos hemos dado cuenta que Contratistas y trabajadores no somos prioridad para la autoridad”.
El dirigente gremialista aseguró que “de una vez por todas necesitamos que el Estado se haga cargo en serio de lo que ocurre en el sur del país. ¿Hasta cuándo debemos seguir esperando? ¿Hasta cuándo se juega con temas tan delicados como estos y no se toman medidas concretas para terminar con los ataques? ¿Hasta cuándo trabajadores y contratistas serán víctimas directas de estos atentados? ¿Hasta cuándo el Estado hace papelones como estos en temas tan importantes para miles de chilenos?”.
El senador Felipe Harboe manifestó que “falsear pruebas, pinchar teléfonos y hacer montajes para inculpar personas debe sancionarse con cárcel. Debemos proteger a la democracia y la justicia. El Gobierno debe exigir un informe en 72 horas al General Director de Carabineros y si no hay explicación, con pruebas que desmientan la acusación del Ministerio Público, deberían irse a retiro inmediato los mandos de inteligencia y todos quienes hayan participado de dicho montaje, sin perjuicio de las responsabilidades penales que deban enfrentar”.
A ello, se suma una querella presentada por el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Luis Arroyo, quien acusó a los uniformados de realizar un montaje en su contra, que lo vincula a una supuesta filtración de información por parte de una funcionaria de la fiscalía a uno de los imputados.
Allanamiento frustrado
Ayer, la Policía de Investigaciones (PDI) intentó allanar dependencias de Carabineros en Temuco. Pero las diligencias dirigidas a la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) y al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de la capital regional se vieron impedidas por el mismo personal de Carabineros.
“En La Araucanía, Carabineros se opuso a la diligencia de allanamiento. No dejaron que se allanara y que se incautara el material que nosotros necesitábamos acceder”, afirmó la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.
En el caso de las primeras oficinas, los efectivos defendieron que la autorización de un tribunal no sería suficiente por tratarse de un recinto acogido a la ley de inteligencia. Sobre Labocar, se debería a que es un recinto militar.