El caso está siendo investigado por tres fiscales, sin que haya formalizados aún, donde se presume que Héctor Llaitul fue advertido de su detención, lo que le habría permitido ocultar evidencia.
Días antes de ser arrestado en la casa de su suegra en Concepción junto a otros siete involucrados en la “Operación Huracán” el 23 de septiembre, el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, escribió a través de WhatsApp a un contacto guardado como “José”: “ANI me avisó que los pacos preparan operación”.
Llaitul se refería a la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI) y a quien guardaba en su celular como “Marcos ANI”, el que no solo le habría advertido de la investigación en su contra, sino que también le adelantó las futuras detenciones en esta causa por asociación ilícita e incendio de camiones.
“José” era el contacto que actuaría como intermediario con una abogada que trabaja en la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, que dirige el fiscal Luis Arroyo. Esta mujer finalmente envió a “José” un cuadro de las personas que estaban siendo investigadas, siete días antes de su detención, según publicó El Mercurio el pasado domingo.
Esto motivó la apertura de indagaciones penales en las que se busca determinar si la CAM tiene una red de protección en distintas instituciones, las que fueron ordenadas por el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes.
Los delitos que se pesquisan son el de sabotaje informático por supuesta intervención de parte de este funcionario de la ANI al correo del fiscal Luis Arroyo y un funcionario de inteligencia de Carabineros que también trabaja en la investigación del caso, la que está en manos del fiscal Carlos Cornejo.
La otra indagatoria es por el delito de violación de secreto de parte de funcionarios de la Fiscalía, a cargo del fiscal Felipe González.
Y, además, el fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó una investigación por la eventual filtración de antecedentes desde el Ministerio Público, tras la denuncia realizada por parte del Director de Inteligencia de Carabineros, general Aquiles Blu, la que está a cargo del actual fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien antes estaba a cargo de la Fiscalía de Coronel.
Llaitul y los otros siete imputados quedaron libres el 5 de octubre, cuando la Corte Suprema acogió un recurso de amparo que argumentaba que no había antecedentes suficientes para mantenerlos en prisión preventiva. Quedaron sin cautelares, pero la investigación sigue abierta.
Por este caso, el gobierno presentó una querella donde aseguran que la filtración les habrían permitido a los imputados ocultar evidencias investigativas e incluso impedir la detención de los requeridos en la denominada “Operación Huracán”, informó El Mercurio. La acción judicial se dirige contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los delitos de sabotaje informático y violación de secreto.
Gravedad total
De visita en Concepción, el fiscal nacional, Jorge Abbott, precisó que hay una denuncia por filtraciones desde la ANI y la Fiscalía “hacia un grupo que opera en esta Región. Nos parece que, de llegar a establecer que esto es efectivo, es extraordinariamente grave y, por eso, estamos investigando con la mayor profundidad las denuncias que nos han llegado. Estamos investigando para establecer las responsabilidades individuales, para recabar de los Tribunales la mayor de las sanciones, porque nos parece gravísimo que pueda ocurrir algo así en la ANI o el Ministerio Público, pero aún no tenemos antecedentes para hacer imputaciones a personas determinadas”.
En cuanto al manejo interno, agregó que si los hechos son efectivos, deberán “redoblar las medidas de seguridad con el manejo de la información”.
Trinidad Steinert, presidenta de la Asociación de Fiscales, también afirmó que hay que esperar hasta que se define si es cierto, “pero de ser así, nos parece absolutamente grave, porque repudiamos cualquier tipo de filtración en causas vigentes, porque entendemos que pueden perjudicarlas. Cosa muy distinta es la libertad de expresión de cada fiscal, pero las filtraciones nunca las hemos avalado. Y si aquí han existido, seremos los primeros en pedir las sanciones que correspondan”.
Agregó que es aún más grave si se comprueba que hubo hackeos a los correos de los fiscales, “porque da cuenta de una vulnerabilidad en los sistemas, y esperamos los resultados de las pesquisas”.
La investigación
El abogado Boris Fiegelist, director de la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello, precisó que es complejo probar que son funcionarios de la ANI y del Ministerio Público los que filtraron la información a Héctor Llaitul, “porque habría que determinarse la fuente de la fuga de información y el procedimiento. Si se produjo por medios informáticos, la comprobación habrá de realizarse por idénticos medios y en función del IP o dirección de la máquina respectiva desde donde se produce la intercepción de la información. Esto sería un poco menos complicado de demostrar, si es que no existió encriptación de datos, que si la filtración se realizó verbalmente”.
En cuanto a los rangos de penas existentes si se comprueba una filtración de información, el profesional precisó que “habría un delito de violación de secreto, sancionado con suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente y si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, las penas serán reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiuno a treinta unidades tributarias mensuales. Si se produjo por medios informáticos la interceptación de la información, podría eventualmente ser delito de sabotaje informático, castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio”.
Desde el punto de vista judicial, de comprobar que la CAM tiene una red de protección en organismos públicos, el abogado afirmó que “siempre será grave cualquier favorecimiento de organismos públicos respecto de intereses privados sin existir fundamento racional y de derecho para ello, y en perjuicio de otros intereses públicos y/o privados. Ello es una de las manifestaciones del fenómeno que se conoce como corrupción”.
Sobre la gravedad de la situación si se comprueba que una de los responsables es un profesional del Ministerio Público, indicó que “las penas respecto de la violación del secreto no debiera variar, puesto que siempre el sujeto activo habrá de ser un empleado público, cuestión que tiene lugar aquí eventualmente”.
El abogado, tal como lo adelantó el fiscal Abbott, agregó que tras esta situación, “es posible que los órganos estatales involucrados en este caso, incrementen sus controles internos para evitar que se produzcan esta clase de situaciones, ya que de comprobarse la veracidad de las denuncias, claramente se verá afectada su imagen y credibilidad frente a la sociedad”.