La normativa incluye la creación de dos órganos consultivos: Comités Directivos Locales y Consejos Locales de Educación.
Recuperar la responsabilidad por parte del Estado en materias de Educación Pública, es el objetivo de la nueva ley promulgada el 16 de noviembre, y que ayer fue presentada a los dirigentes educacionales, estudiantes, miembros del Consejo Local de Liceos y a la comunidad en general, en el acto precedido por el intendente Rodrigo Díaz y el seremi de la cartera, Sergio Camus, en el colegio Juan Gregorio Las Heras en Concepción.
“Esta nueva Educación Pública apunta a una transformación relevante para asegurar a los jóvenes que van a salir de los Jardines Infantiles y Salas Cunas, poder encontrar una opción donde se gestionará la calidad y, con ello, tener una patria más justa e inclusiva para todos”, recalcó el intendente Rodrigo Díaz.
Esto porque la principal critica al sistema educativo es que al estar en manos de las municipalidades, los establecimientos dependían de la cantidad de recursos económicos con los que cada administración comunal contaba. Esa realidad incrementaba la brecha en la desigualdad y, a la vez, de oportunidades entre uno u otro colegio.
Durante el acto, el seremi de Educación, Sergio Camus, afirmó que la medida va en la línea de erradicar el concepto que miraba a la educación como un bien de mercado para convertirlo en un “motor de crecimiento”.
Servicios locales de Educación
La nueva ley trae consigo la creación de 70 servicios locales de Educación. En el caso de la Región, el primero será el instalado en Andalién Sur, que agrupa a los establecimientos de Concepción, Chiguayante, Hualqui y Florida y que se espera esté habilitado en 2019.
Estos tienen por finalidad, según contó el seremi, garantizar un aprendizaje de calidad en los estudiantes de dichas comunas.
Además, se crearán dos órganos consultivos: Comités Directivos Locales y el de Consejos Locales de Educación. El primero, lo conformarán representantes de los alcaldes, de padres y apoderados y del Gobierno Regional, quienes tendrán una mirada estratégica y de vinculación del servicio local con los desafíos del desarrollo de los territorios.
El segundo, por su parte, y que estará integrado por estudiantes, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados y representantes de las universidades locales, quienes “representarán los intereses de la comunidad educativa y velarán por el correcto desarrollo de los planes de estudios y las mejoras de cada uno de los establecimientos educacionales”, contó Camus.