El intento de suicidio de siete jóvenes en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Sename el pasado domingo 15, destapó una situación que se arrastra por años en ese recinto.
El incidente motivó el arribo de un equipo del servicio desde Santiago y gatilló la salida del director (s), Patricio Baeza. El anterior, Pablo Muñoz, fue desvinculado de su cargo, tras ser formalizado por violencia intrafamiliar, pero sin sumario administrativo. Con eso, el centro ya lleva cuatro directores en cuatro años.
Sin embargo, durante 2016 hubo 13 intentos de suicidio en ese lugar, pero nunca había motivado una intervención desde Santiago.
Sobre todo porque la realidad en la que viven los adolescentes que son privados de libertad en la Región es conocida a través de los informes de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes.
Presidida por el Seremi de Justicia, es integrada por representantes de los jueces, defensores, Unicef, la Universidad de Concepción, el Hogar de Cristo y la Congregación Terciarios Capuchinos, y visita estos centros dos veces al año.
Sin embargo, lo que gatilló el grave incidente del pasado domingo fue el ingreso de pastillas al recinto, por parte de visitas, lo que no fue detectado ni por Gendarmería ni por los educadores de trato directo, hasta que los adolescentes ya estaban bajo el efecto de los estupefacientes.
Según el último informe Cisc, del primer semestre de este año, hay una máquina de rayos X y una silla de revisión de cavidades, implementadas precisamente para que no ocurran este tipo de situaciones.
Sobre todo porque ya es conocido que uno de los principales problemas de ese centro es el consumo de drogas o estupefacientes por parte de los adolescentes, “porque además de la ansiedad de la privación de libertad, el consumo genera incidentes, se debe revisar es si los protocolos preventivos y reactivos funcionaron”, dijo el defensor regional, Osvaldo Pizarro.
“En el centro hay ingreso de drogas por diversas vías, hay controles, pero eso no garantiza que las personas lleguen con drogas o lancen drogas al recinto”, dijo una fuente ligada al trabajo del CIP-CRC.
Otro de los graves problemas del CIP es que la deficiente infraestructura, que data de los años ‘90, es el permanente riesgo de incendios que hay en el lugar: las redes húmeda y seca no funcionan, tampoco los detectores de humo ni los sensores de movimiento, por lo que se sugirió una reparación inmediata, tomando en cuenta que estos mismos riesgos ya fueron consignados en un informe emanado por el departamento técnico de Bomberos de Coronel, en julio de 2016.
Ese documento ya alertó del sobreconsumo y del deterioro del sistema eléctrico, ya que se detectó el uso de extensiones no certificadas. Además, identificó el área de talleres como la zona más críticas para la generación de incendios de proporciones de rápida propagación.
“El sistema eléctrico es muy antiguo, porque Dios es grande no ha quedado un cabro electrocutado ahí”, agregó la misma fuente.
El informe bomberil además da cuenta de fugas de gas en algunas casas del sector CIP, las que fueron reparadas en el primer semestre de 2017, traspasando recursos de otros ítems, por la urgencia del asunto.
Las celdas de aislamiento o de castigo son un problema que se repite en los dos últimos informes, sin solución:además de sus deficientes condiciones, tampoco hay registro de cuánto tiempo permanecerán segregados del grupo y cuándo volverán a su casa en el centro.
“Lo anterior se agudiza considerando las deplorables condiciones que presenta el espacio destinado para este fin. Cabe señalar que este espacio aún presenta características de celdas individuales. Se evidencia que las situaciones para llevar a cabo la separación del adolescente y ser trasladado a espacio de segregación aún es poco objetivo y pareciera quedar al criterio de quien lo solicita o lo aplica”, consignó el informe.
Otro aspecto que aún no ha cambiado es que la casa de mujeres imputadas está emplazada en el sector de condenados, lo que no debería ocurrir.
La infraestructura sigue siendo deficiente en el centro: “En el sector imputados, las palmetas del piso de algunas casas ya no existen. El sector común se aprecia en regulares condiciones, no así los dormitorios, al cuidado de los propios jóvenes, que se aprecia en mejores condiciones. Sin embargo, se aprecia mucha humedad, entorno poco amigable, mala ventilación y calefacción deficiente.
“Hace años que se comprometió una inversión de mil millones de pesos para el centro, pero aún no sucede nada. En mayo de este año recién se traspasaron las platas del Gore al MOP, y siempre nos dicen que todo se va a arreglar con eso, así que habrá que seguir esperando”, precisó otra fuente dentro del recinto.
Un aspecto que ha mejorado, pero que aún presenta deficiencias, es salud. La principal es que las dependencias de la Unidad de Salud del centro no cuentan con autorización sanitaria.
Tampoco hay atención dental, por lo que hay que trasladarlos a centros externos de salud.
En caso de presentar crisis por temas de salud mental, son derivados a urgencia de psiquiatría en hospital San José u hospital Guillermo Grant Benavente en Concepción. En cuanto a salud primaria, son trasladados al centro de Salud Familiar de Lagunillas.
En el informe, los aspectos mejor evaluados son la Unidad de Corta Estadía, el programa de tratamiento de consumo de Drogas Creser Bío Bío, con financiamento de Senda, y el colegio El Renoval, dependiente de la Fundación Tierra de Esperanza.
Pedro Marileo, dirigente de la Asociación de Funcionarios de Sename, visitó el centro el pasado jueves y constató la compleja situación en que quedaron los educadores de trato directo tras el incidente del pasado domingo.
“Hablé con varios de ellos y me relataron que hubo una situación grave de crisis. Chiquillos que se intentaron colgar y cortar, debido al ingreso de pastillas que ingresaron visitas. Los que estuvieron de turno ese día estaban muy afectados, y yo creo que gracias a la experiencia de los educadores más antiguos el hecho no pasó a mayores”.
Por eso, Marileo solicitó, vía correo electrónico, a la directora regional, Rina Oñate, que se intervenga a los educadores psicológicamente o que sean derivados a la Mutual de Seguridad para ser revisados, “porque hay que preocuparse de ellos también. El director del centro me informó que iba a preocuparse de ellos y los enviaría al recinto asistencial para que recibieran atención”, planteó el dirigente.