Los accesos a las obras de la cárcel están nuevamente cerrados. Pérdidas por daños ya van en los mil millones de pesos.
Por cinco delitos, la empresa Claro Vicuña Valenzuela se querelló debido a las cuatro tomas que los trabajadores realizaron en las obras de la cárcel El Manzano entre julio y agosto de este año.
La acción legal es por usurpación, daños, incendio, robo y el bloqueo del ingreso a la obra, y se estima que las pérdidas, en las tres primeras tomas, ya suman mil millones de pesos, por los destrozos que realizaron los obreros el 4 de agosto, cuando provocaron un incendio en el cuarto piso de la nueva construcción, destruyeron las oficinas y robaron especies, como herramientas y computadores. Incluso abrieron los tanques de petróleo de las retroexcavadoras y les arrojaron arena para que no funcionaran.
El abogado de la empresa, José Miguel Gálvez, explicó que se decidieron a interponer la querella luego de que los trabajadores se tomaran las obras por cuarta vez el pasado viernes y aunque es contra quienes resulten responsables, se individualiza a quienes encabezan los movimientos.
“Los daños fueron evaluados de manera preliminar en mil millones de pesos, en las instalaciones de la obra, entre la quema, destrozos, sustracción de especies, además de lucro cesante, es decir, lo que la empresa tuvo que gastar en mantener el personal, por lo que dejó de producir en los 21 días en que la obra estuvo paralizada”, precisó el profesional.
En cuanto a las diligencias, la querella pide que se cite a declarar a las personas que ya están identificadas, ya sea porque fueron detenidas en el desalojo anterior o porque fueron individualizadas mediante las cámaras de seguridad.
La obra está tomada desde el viernes pasado. “Ese día, llegaron 30 personas al lugar, armados con palos y fierros, decididos a todos, arrojaron una bomba de ruido al interior, se lanzaron al portón de acceso donde estaban los guardias y los agredieron. Luego llegaron a las oficinas y quienes encabezaban el movimiento dieron un ultimátum para que todos abandonaron el lugar. Y aunque en la obra había 400 trabajadores, se decidió que se retiraran voluntariamente para preservar su integridad física.
El hecho ya está denunciado por usurpación y daños, ya que rompieron las cámaras de seguridad y cortaron los cables eléctricos.
“Y Claro Vicuña Valenzuela, junto a la Asesoría de Inspección Fiscal, ya pidió a Carabineros el desalojo, y una vez que salgan estudiaremos las acciones legales que estimemos pertinentes”, informó el abogado.
Sobre las pérdidas monetarias, agregó que aspiran que primero se aclare quienes son los responsables de estos hechos.
Situación laboral
Pese a que ellos alegan despidos en medio de una negociación colectiva, el abogado aclaró que el mismo tribunal laboral suspendió este proceso tras los incidentes de agosto, “porque de esa forma violenta era imposible llevar el proceso, y se toman la obra por cuarta vez, siendo que el mismo juzgado ya suspendió el proceso”, agregó Gálvez.
“Claro Vicuña ha dado estricto cumplimiento a sus obligaciones con sus trabajadores. Esto se desencadenó cuando terminó la etapa 4 de la obra y se les avisó a ellos el fin de su contrato. Se les pagó el 31 de julio su remuneración en sus cuentas y los finiquitos y sus cheques se pusieron a su disposición en una notaría. Pero una minoría no los fue a retirar y siguen en esta manifestación”, agregó el profesional.
Gálvez agregó que el sindicato Sintrasar les presentó un listado de trabajadores para el proyecto de negociación colectiva, “y fuimos a un comparendo con la Inspección del Trabajo el 14 de agosto, donde determinaron que 151 personas quedaban al margen, porque no cumplen los requisitos legales para hacerlo”. Esto, porque son trabajadores por obra y no con contrato indefinido, y el sindicato presentó un proyecto de negociación colectiva en base a esa figura, lo que no corresponde.
Insistió en que la Reforma Laboral plantea un procedimiento especial para que los trabajadores contratados por obra o faena puedan negociar, “y tienen todo el derecho de hacerlo, pero es distinta a la negociación colectiva arreglada, donde hay derecho a huelga y a fuero, y pueden negociar si la obra tiene más de 12 meses. Pero lo hicieron mediante la negociación colectiva arreglada, lo que no corresponde por los contratos colectivos de sus afiliados, y no entendemos por qué los dirigentes hicieron eso. Ahí hay una confusión y es importante aclararlo”.