La Universidad con sede en Valdivia y la UdeC se verían obligadas a cambiar su estructura jurídica y la gobernanza institucional, al ser las únicas corporaciones de derecho privado en el Cruch.
“Aspiramos a que la reforma respete lo que históricamente han respetado las leyes en el país desde que nuestras instituciones existen”, argumenta el rector de la Universidad Austral, Oscar Galindo, sobre el conflicto que el lunes lo llevó, en conjunto con el rector de la UdeC, Sergio Lavanchy, la reunirse con subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga y la jefa de la Divesup, Alejandra Contreras.
El cambio en la estructura que impone el proyecto de ley afectaría sólo a estas dos instituciones al interior del Consejo de Rectores, debido a que estas son las únicas corporaciones de derecho privado del grupo de las nueve no estatales, G9.
Las seis católicas fueron concebidas como organizaciones de derecho público y las USM tiene una estructura distinta al ser derivada de una fundación. Sin embargo, ésta última, ha actuado también como aliada al tener también una gestión diferente a la que propone el proyecto.
Galindo agrega que las distintas leyes en la materia a lo largo de la historia “reconocieron la estructura y naturaleza jurídica de nuestras universidades y respetaron la autonomía para darnos la estructura de gestión más adecuada”.
Por eso, considera, no se puede homologar la realidad de estas instituciones al grupo de privadas que están fuera del Cruch y que nacieron con posterioridad a 1981 y piden el mismo trato que el proyecto de ley entrega hoy a las seis confesionales dentro del Cruch.
“No estamos pidiendo nada que la historia de la educación superior en Chile no haya respetado… Pensamos que esto tiene un fundamento evidente, que es que nuestras universidades fueron creadas con una participación directa delEstado, fue el Estado de Chile, de alguna manera el que nos dio esa estructura jurídica”.
Indicación
Estos argumentos fueron los presentados el lunes al Ejecutivo que se abrió a la posibilidad de introducir una indicación que pudiera resolver el problema, la misma que debería ser presentada en el ingreso a comisiones del proyecto en la cámara alta.
Galindo detalla que no sólo se trata de cambiar la naturaleza jurídica de las instituciones, sino también de una vulneración a la autonomía de ellas.
Esto debido a que en la redacción del articulado se plantea que en el sistema de gobernanza universitaria debe haber un sólo órgano superior, llámese directorio, junta directiva o Consejo Superior. Sin embargo estas instituciones poseen distintos cuerpos con diferentes atribuciones. “El tema patrimonial está siempre en el directorio o junta directiva y las responsabilidades académicas, en el consejo académico de nuestras universidades”, describe el licenciado en Letras y doctor en Filología Hispánica.
Son estos cuerpos, agrega, a partir de los que se expresa la participación y la democracia interna.
Trámite
Galindo se muestra disconforme con cómo se ha llevado adelante la tramitación del proyecto, por la premura con que se despachó desde la Comisión de Educación y por la falta de profundidad que ha marcado la discusión. “Se ha centrado en temas como el CAE, que es importante y espero que se derogue, pero se han dejado fuera otros de gran relevancia”, dijo aludiendo por ejemplo, al rol de los planteles regionales.
Consultado sobre la petición de inhabilidad que han planteado algunos parlamentarios sobre el rol de José Miguel Ortiz como presidente de la comisión de Hacienda por su vinculación con la UdeC, desestima que existan conflictos de interés. “Las personas que participan de las asambleas de socios de nuestras universidades lo hacen de manera absolutamente generosa y filantrópica, por lo tanto no veo porqué pudiera existir un conflicto de interés “.