Pese a que tiene patente vigente y pagada al día, el municipio ordenó la clausura del recinto. Desde la entidad declinaron referirse al tema. 
 

Carolina Abello Ross
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Una querella por abuso de funcionario público , apropiación indebida y por impedir la realización de un trabajo, en contra del alcalde Álvaro Ortiz y otros funcionarios presentó el grupo jurídico Lex en representación de un comerciante del rubro máquinas tragamonedas. 

La acción legal, además del jefe comunal, va dirigida contra Ximena Torrejón, directora Jurídica; Carlos Sanhueza, director de Control; Cristian Olivares, director de Protección Civil; Miguel Carrasco, de la dirección de Administración y Finanzas; Pablo Ibarra, secretario municipal; María Matus, encargada del departamento de Patentes y Rentas; Hugo Sottolichio, jefe de inspección; y José Araneda y Héctor Avendaño, inspectores del municipio. 

Esto, porque el municipio ordenó la clausura del recinto, pese a tener patente vigente. El afectado, Rodrigo Apara, pretendía cambiarse de local, desde O’Higgins hasta Barros Arana, pero el municipio le negó el traslado, argumentando que su actividad era ilegal y que no tenía patente municipal. Así, se ordenó el cierre del local de Barros Arana. 

Sin embargo, en la querella el afectado acompañó su patente municipal vigente para juegos electrónicos, "por lo que se puede verificar el hecho que posee permiso para explotar el giro, lo que contradice el fundamento a que arribó la municipalidad para decretar el cierre". 

De hecho, en el oficio que le enviaron desde el municipio, se argumenta que "no existen antecedentes que permitan a esta corporación edilicia formarse convicción de que los dispositivos electrónicos a explotar sean de destreza, y por lo tanto, esta actividad sea lícita". Sin embargo, Apara tiene patente al día, vigente hasta junio de este año, por lo que no entiende que ahora se le diga que trabaja en un giro ilegal, cuando ha pagado como corresponde sus permisos al municipio. 

El abogado Héctor Mella, director del estudio jurídico, explicó que su cliente tiene sus pagos al día, "y él pidió el traslado de su local, y se lo han negado. El alcalde está impidiendo una actividad económica que es lícita, porque tendría que demostrar lo contrario. En la querella pedimos diligencias, y lo que se ha hecho hasta ahora es completamente arbitrario e ilegal". argumentó el profesional. 

Así, se incurriría en apropiación indebida, ya que Apara canceló el valor de la patente municipal, pero el decreto alcaldicio que ordenó el cierre forzado le está impidiendo trabajar, "y la clausura le está impidiendo el ejercicio del legítimo derecho a ejercer el legítimo comercio del que es dueño", argumenta la acción legal. 

Consultado el municipio penquista por lo ocurrido, se señaló que no se ha recibido la notificación oficial, por lo tanto, se excusaron de hacer declaraciones respecto al tema y puntualmente en relación a esta querella.