El 14 de agosto de 1990 se ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, enfoque en Ley de Responsabilidad Penal Adolescente vigente desde 2007. Su creación fue un necesario cambio de paradigma, pero para garantizar que todos se reinserten, su horizonte, hay mucho por hacer.
Según el Poder Judicial, a 2021 se habían condenado más de 49 mil adolescentes por distintos delitos en cinco años e informes de 2022 dicen que más de 3 mil han sido detenidos, reflejando un drástico aumento en la incidencia de la participación de jóvenes en la comisión de delitos en los últimos años. Delincuencia juvenil, fenómeno y problema social extremadamente complejo y cuya manifestación es causa de gran preocupación, pero que con el abordaje adecuado puede tener solución en la gran mayoría de los casos.
“Es una proporción muy menor de toda la juventud que se involucra en la infracción de ley. Una proporción mucho menor sostiene la conducta tras la adolescencia, porque mayoría de jóvenes que tienen contacto inicial con el sistema penal deja de delinquir. Hay posibilidades de reinserción”, asegura Rafael Mella, director ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza, ONG nacida en Concepción en 1997 para hoy estar presente en 10 regiones y ejecutar casi un centenar de programas en distintas líneas en que está la administración de la justicia juvenil, en lo que trabajan hace dos décadas, siempre para reparar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), cuyo resguardo Chile se comprometió a garantizar un 14 de agosto como hoy, pero en 1990, cuando ratificó la Convención Internacional que los consagra.
Es que la reinserción social es posible y un derecho, y con enfoque de derechos a NNA es lograr la reinserción el horizonte de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), que en junio cumplió 15 años de su entrada en vigor que establece un marco legal especial para administrar la justicia a adolescentes de 14 a 17 años, con sanciones en medio libre o privación de libertad. “En teoría, la ley reconoce a los adolescentes como sujetos de derecho y, de cierta forma, se pasa del castigo establecido en el sistema antiguo a hacer efectiva la responsabilidad por hechos delictivos, enmarcado en una intervención socioeducativa más amplia que tiene como fin su reinserción”, explica José Rebolledo, coordinador técnico de la línea de Educación de la ONG.
Bajo la antigua ley se determinaba la imputabilidad de menores de 18 años según su nivel de discernimiento y si era imputable se procesaba como adulto. Tenía graves falencias, era impertinente e inefectiva por concebirse con acciones para la adultez que es una etapa con características y necesidades muy distinta a la adolescencia.
Porque empezaron su trabajo con NNA infractores de ley antes de LRPA y porque han estado en toda su historia, en Tierra de Esperanza saben que era un necesario cambio de paradigma en pos de la reinserción social y también que garantizarla a todos como derecho es un desafío país que requiere más transformaciones en condiciones que dificultan hacerla posible.
Un problema de base es la falta de especialización del sistema. Hay brechas en lo especializado de los actores que intervienen en la administración de la justicia y de los modelos de intervención por lo complejo de la delincuencia juvenil, relevando que inciden tantos factores variados que la población es heterogénea y es una falencia que las acciones sean homogéneas. “En tanto tengamos más especialización podremos tener mayor impacto”, sostiene Mella desde la experiencia de la ONG que tiene larga trayectoria investigando el fenómeno junto a la Universidad de la Frontera de Temuco, ciudad donde están presentes, generando conocimientos para comprender e intervenir mejor.
Y en base a las evidencias desarrollaron el Modelo Multidimensional de Intervención Diferencial con Adolescentes (MIDA), desde un proyecto Fondef ejecutado en 2010-2014, buscando una intervención efectiva para logar efectos positivos en la vida de los jóvenes para su reinserción, asevera Jaime Muñoz de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación de Tierra de Esperanza, quien participó del desarrollo del MIDA y se caracteriza por enfocar las acciones según cada caso.
MIDA permite identificar aspectos como el tipo de conducta delictiva y otras particularidades como riesgos específicos asociados al comportamiento, pero el énfasis está en reconocer las capacidades, intereses y aspectos positivos para usarse como las palancas de cambio dentro de un plan de intervención ajustado a las necesidades de cada joven.
La diferenciación es lo que Muñoz asegura que ha marcado la diferencia de MIDA, que se ha seguido desarrollando como modelo, hace años se integró a distintos programas para probar buenos resultados en la intervención y en acompañar efectivamente el proceso hacia la reinserción social, reto y meta de los equipos, de la LRPA y Chile. Y por ello la aspiración de la ONG e investigadores es su cada vez mayor transferencia para llegar a todos los programas que trabajan con este fenómeno.
La delincuencia juvenil es un fenómeno muy complejo y, explica Jaime Muñoz, se debe a que hay distintas causas y manifestaciones del comportamiento delictivo de adolescentes, además de cada uno ser distinto en sus características e historias. Toda persona llega a delinquir por distintos motivos y no todas bajo la misma conducta, habiendo transitoria y persistente. “Cerca de 80% de adolescentes que comete delitos no continúa después, pero 20% que comete delitos en adolescencia tiende a persistir a la adultez”, advierte. Además, el MIDA “permite diferenciar cinco trayectorias delictivas específicas dentro de la conducta persistente, con un funcionamiento particular”, cuenta.
En toda esta complejidad y disímiles trayectorias, con un cuarto de siglo de trabajo con la infancia y adolescencia vulnerada para promover su bienestar, en Tierra de Esperanza han visto que la mayoría de NNA que entran en conflicto con la justicia han sido víctimas de distintas formas de violencia y vulneración de derechos, como maltrato, agresiones sexuales y exclusión social o escolar. Muchos también tienen consumo de drogas y adicciones, que puede o no relacionarse con la conducta delictiva. En todo ese terrible variopinto de vulneraciones tienen programas en la ONG y es claro que la mayoría de jóvenes que están en las líneas de justicia juvenil y tratamiento de adicción fueron vulnerados en su infancia.
La LRPA considera este contexto, desde su enfoque de derecho, lo que es crucial para la reinserción efectiva.
Así, primero contempla una serie de sanciones para NNA infractores de le y las más gravosas, que administra Sename, son las privativas de libertad, en centro semicerrado o condenas de reclusión nocturna y cerrados o completa privación de libertad. Además, hay en medio libre que Rafael Mella detalla son “servicios en beneficio de la comunidad, libertad asistida simple y libertad asistida especial, además de un programa de medidas cautelares”.
Añade que “hay programas complementarios que apoyan estos procesos en el área educativa, de intermediación laboral y tratamiento de adicciones que trabajan en paralelo con la administración de una sanción”, en pos de que “un joven no sólo cumpla la condena, sino se haga un plan de intervención psico-socio-educativa que permita que se pueda reinsertar”, sostiene.
Como ONG tienen líneas en medio libre y cerrado, conocen de cerca el fenómeno de la delincuencia juvenil y se han sentido interpelados a poner de manifiesto la notable necesidad de contar con una alta especialización de los profesionales e intervenciones para que sean efectivos, aportando evidencias y cambios, y también de los otros varios desafíos a nivel estructural.
La falta de recursos para desarrollar e implementar programas y mantener a equipos profesionales es un aspecto que considera a la base de los problemas.
También advierte que “los centros privativos de libertad para adolescentes distan mucho de lo que se necesita realmente para lograr procesos de reinserción”. Además de condiciones de infraestructura, menciona que, en promedio, hay un centro por región e implica que muchos jóvenes que provienen de ciudades alejadas viven un proceso de desarraigo de su entorno significativo, pudiendo afectar su salud mental y obstaculizar las intervenciones.
Otro reto es “lograr la inserción socio ocupacional con ofertas laborales reales que permitan entregar un camino distinto”, afirma, si bien reconoce muchos avances en capacitaciones y cada vez más en puestos de trabajo, hace falta mejorar el vínculo con el mundo privado-empresa que es donde está gran parte de la oferta laboral.
En educación está una de las deudas más grandes.
Es un pilar de los procesos de rehabilitación para lograr la reinserción, Por eso, la ley establece la plena garantía de que NNA que están con una sanción puedan continuar sus estudios. Así, en centros privativos de libertad hay escuelas y la Corporación Educacional Tierra de Esperanza, nacida desde la ONG, administra dos, una es “El Renoval” que funciona desde 2011 en el Centro de Internación Provisoria (CIP)-Centro de Sanciones Régimen Cerrado (CRC) de Coronel.
Pero, José Rebolledo manifiesta que “en los establecimientos educacionales dentro de medios privativos hay muchas dificultades para poder desarrollar los procesos educativos”, debido a situaciones como la ya conocida falta de recursos y profesionales especializados. Pero, sobre todo advierte que “hay poca comprensión del Mineduc sobre las características diferenciadoras y necesidades específicas de estos establecimientos”, versus los en el medio libre.
Es casi transversal el rezago educativo de jóvenes y datos del Sename indican que 50% están fuera del sistema educativo, muchos no han terminado su enseñanza básica. A la base hay experiencias traumáticas con el sistema escolar y trayectorias vitales complejas que, además del encierro, determinan brechas y necesidades educativas que el sistema tradicional no puede satisfacer.
Se suma que el currículo que se aplica se basa en el establecido para la educación de adultos y las modificaciones hechas son aún insuficientes, siendo impertinente para adolescentes.
Para los integrantes de Tierra de Esperanza muchas falencias se deben a que hace 15 años existía menos conocimiento sobre el fenómeno de la delincuencia juvenil, por lo que para avanzar en lo que queda por hacer, creen necesario, además de más inversión, seguir investigando para levantar información y usar la evidencia que hay para hacer mejoras en las intervenciones para avanzar a la reinserción. Y su real logro siempre irá de la mano de cambios culturales en que el conocimiento es clave para mostrar que la reinserción es posible y garantizarla es un derecho de NNA y un deber del país en que toda la sociedad debe aportar, erradicando prejuicios y dando oportunidades que no dejen encerrados en su pasado a los jóvenes que sí pueden cambiar para desarrollarse.