Nuevas evidencias de un estudio de la UBB que comparó eventos de 2010 en Chile y Haití revelan que un desempeño deficiente de instituciones públicas agrava la desconfianza ciudadana y el bueno atenúa impactos.
¿Ha vivido o sabido de un desastre causado por un evento natural? Al retroceder en la memoria individual y colectiva no se debe ir muy atrás para llegar a uno, pues sismos de gran magnitud, tsunamis, inundaciones o sequías son sólo algunos de varios fenómenos familiares para Chile, siendo vivencia de la población de la Región del Biobío y distintos territorios. Tampoco es infrecuente que lleguen noticias desde otras latitudes del continente.
Es que América Latina y El Caribe es la región del planeta más proclive a desastres de esta naturaleza, ejemplificado en que 75 terremotos han cobrado más de 226 mil vidas y sobre 540 inundaciones han afectado a casi 41 millones de personas desde el 2000. Un hecho reciente y local es el 27/F, con un sismo de 8.8 grados y posterior maremoto que devastó localidades de las regiones del Maule y Biobío en 2010, principalmente; poco antes, en enero, una noticia similar sacudió a Haití.
Por lo símil de la vulnerabilidad natural con lo disímil del desarrollo socioeconómico de Chile y Haití es que ambos desastres se usaron en un estudio para comprender la influencia de la gestión de instituciones gubernamentales ante catástrofes sobre la confianza institucional de la ciudadanía, desarrollado por un grupo de la Universidad del Bío-Bío (UBB) y publicado recientemente en la International Journal of Disaster Risk Reduction. “La confianza institucional es una manifestación del capital social, elemento clave para la legitimidad democrática y desarrollo de un país, debido a que una crisis de confianza generalizada puede gatillar un proceso profundo de inestabilidad social y política”, manifiesta el doctor Andrés Acuña, académico del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UBB Concepción, autor del artículo junto al doctor César Salazar del Departamento de Gestión Empresarial de la misma facultad en Chillán. Ambos integran el Grupo de Investigación en Análisis Institucional y Comportamiento Político-Electoral.
El estudio surgió como necesidad ante varios factores. Uno es la situación de vulnerabilidad natural y amenaza latente de eventos extremos, que también se proyecta aumenten en intensidad y/o frecuencia por el cambio climático. Además, se ha evidenciado una enorme caída en la confianza ciudadana hacia instituciones gubernamentales como gobiernos locales y centrales o fuerzas de orden y seguridad pública, resaltan los investigadores. “Situación bastante generalizada en Latinoamérica”, afirman.
Y se plantearon que situaciones extremas como un desastre ponen aún más en jaque a la alicaída confianza institucional, pudiendo agravarse la desconfianza ante un desempeño deficiente mientras que uno bueno podría atenuar el impacto. Hipótesis que despertó la inquietud de indagar el fenómeno estaba escasamente estudiado para Chile o Haití y que validaron, aseguran. Los resultados para ambos países revelan que un desastre causado por un evento natural de gran escala puede alterar una dimensión clave del capital social en países en desarrollo como es la confianza institucional. En concreto, “instituciones analizadas que demostraron mejor desempeño en lidiar con las consecuencias inmediatas y posteriores del terremoto 2010 exhiben mayores niveles de confianza por parte de la ciudadanía”, aseveran.
Las evidencias permiten extraer recomendaciones y retos que se necesitan abordar y aplicar para afrontar de mejor manera y con más confianza ciudadana un futuro que, imprevistamente, puede ser presente.
En este sentido, los autores destacan que es relevante “fortalecer las competencias ligadas al manejo de crisis en los gobiernos locales y central para evitar el deterioro del capital social institucional”, contribuyendo en la reducción de la incertidumbre y en fortalecer la calidad de la democracia. Sobre todo, por la crisis climática que podrá implicar que en un mañana los gobiernos enfrentan nuevas o más frecuentes eventos extremos y enfatizan que “es crítico que las instituciones se encuentren debidamente preparadas para manejar la crisis, especialmente en países en desarrollo”.
Al centrarse en Chile, creen que para una mejor acción urge el perfeccionamiento y adecuación en nuevas tecnologías por parte de la Onemi en miras a generar un sistema integrado de monitoreo y alerta temprana de emergencias para favorecer la gestión del riesgo de desastre a nivel nacional y local, garantizando una respuesta oportuna e idealmente con cierta autonomía de las instituciones públicas locales. Ello con enfoque proactivo, para prepararse y prevenir riesgos, y no reactivo al desastre.
El trabajo surgió desde la tesis de grado de Gustavo Cisterna para el Magíster en Gestión de Empresas UBB.
Para la validación de la hipótesis se usaron datos obtenidos de la encuesta llamada AmericasBarometer que se aplicó en Chile y Haití en 2010 y 2012. No sólo permitió medir evaluación ciudadana en distintas instituciones gubernamentales, sino también la percepción sobre el proceso de reconstrucción.