La Ley de Humedales Urbanos, para los que el Ministerio de Medio Ambiente declaró 33 de oficio y 3 en Biobío, permitirá avanzar, aunque queda una larga lista por proteger y, por ende, retos. En Chile hay 18 mil humedales y 2% está protegido.
El 2 de febrero de 1971 se firmó el Convenio sobre los Humedales de Ramsar (Irán), fecha que se conmemora con el “Día Mundial de los Humedales”, reforzando el propósito del primer tratado sobre conservación y uso racional de humedales, que se estima que desde 1900 la humanidad ha deteriorado al 64% de estos en el mundo, y que considera a “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros”.
Chile lo aprobó como ley en 1980 y tiene 16 “Sitios Ramsar”; poco si se considera que los humedales en el territorio nacional son 18 mil y sólo 2% cuenta con alguna protección como la aludida u otra. La cifra podría ir creciendo a paso lento, pero seguro con la Ley de Humedales Urbanos que permite que municipios y/o el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) de oficio inicien la declaratoria. De oficio 33 priorizó el MMA, 3 de la Región del Biobío, precisa el seremi de la cartera, Mario Delannays y sostiene que “son el comienzo, pues tenemos más de 100 humedales urbanos identificados”. Esto complementa al Plan Nacional de Recuperación de Humedales de esta administración, añade, que considera 7 a nivel regional y hay 5 avanzados.
Y la doctora Verónica Delgado, profesora de Derecho Ambiental y directora del Programa Derecho, Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Concepción (UdeC), valora que “es una buena ley, realmente permitirá la protección de los humedales urbanos” y lo atribuye a que “escuchó, por fin, a la ciencia y la ciudadanía (hubo instancias de participación en todo Chile), permitiendo que el conocimiento científico y local/ancestral de los territorios llegara a este reglamento que fija los criterios de sostenibilidad con los que vamos a proteger a los humedales”.
Es un hito para celebrar, ya que asevera que “hasta hace poco hablábamos de la desprotección jurídica de los humedales”. Si bien existían algunas figuras que permitían protegerles, lamenta que “otras normas sanitarias hablaban de pantanos donde podía haber infecciones o insalubridad, la regulación del Código de Aguas en que se requiere una autorización para desecarlos y pocas normas en la planificación territorial permitían a los planes reguladores proteger estos cuerpos de agua tan valiosos que tenemos”. Causaba incentivo rellenarlos o fragmentarlos para expandir los suelos de uso agrícola o inmobiliario y hasta contaminarlos o verlos como basureros por creerlos inservibles.
Peligroso desconocimiento e inconsciencia que gatilló la desaparición de tantos humedales y severo daño de muchos otros en Chile, amenazando sus trascendentes funciones ambientales. Es que son hábitat de gran cantidad de especies de flora y fauna como peces, anfibios, reptiles y aves migratorias; regulan el ciclo hidrológico al acumular y depurar agua, y capturan 3 a 5 veces más gases de efecto invernadero que un bosque templado, apunta el doctor Ricardo Figueroa, director del Departamento de Sistemas Acuáticos de la Facultad de Ciencias Ambientales e investigador del Centro Eula-Chile de la UdeC. De ahí que “son muy importantes para avanzar al control/mitigación del cambio climático”, afirma.
Y, desde un punto de vista antropocéntrico, cuenta que ofrecen diversos servicios ecosistémicos que aportan al bienestar humano como proveer recurso hídrico al abastecer las napas subterráneas o contener inundaciones, además de actividades económicas o culturales al brindar alimentos o vegetación usada para medicinas o artesanía y un paisaje junto al que desarrollarse. Por ello, estos diversos ecosistemas que están en gran parte del territorio nacional y particularmente del regional han tenido alta relevancia en la historia geográfica y en la cultura de las comunidades, resalta Mauricio Troncoso, magíster en Política y Gobierno, presidente de la Comisión de Medioambiente del Consejo de la Sociedad Civil de Concepción y secretario de Fundación ODyS.
Y cree que la valoración social a los humedales existe, sobre todo en personas mayores o pueblos originarios que se han relacionado con estos desde antes que se dañaran, siendo el modelo de desarrollo industrial y extractivista el enemigo que escondió su valor e hizo que fuera perdiéndose, pero que el reconocimiento a la importancia de estos ecosistemas va en alza en la población en general, de la mano de la mayor consciencia que ha generado el acceso al conocimiento y un cada vez más fuerte activismo que ha sido y seguirá siendo clave para impulsar cambios y avanzar en materia de su protección.
Carolina Echagüe
Considerar una amplia definición de humedales, tal como la Convención Ramsar, y los importantes efectos jurídicos de la declaratoria de un humedal urbano son aspectos que destaca de la ley 21.202 la abogada Verónica Delgado.
“Inmediatamente, ese humedal declarado como urbano tiene que ser reconocido como un área de protección de valor natural en los planes reguladores. Además, muchos proyectos que antes no tenían que ingresar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) y afectaban a estos humedales lo van a tener que hacer”, explica, ya que la legislación protege de efectos físicos y también químicos que amenacen su biodiversidad o conectividad biológica, por ejemplo. Desde allí celebra que “va a tener que protegerse y gestionarse dicho humedal con criterios de sostenibilidad” y que “se va a tener que trabajar en restaurar lo que el hombre ha dañado”.
También releva que desde que una municipalidad solicita la declaración al MMA, la cartera tiene 6 meses para resolverlo, tiempo en que se puede postergar la entrega de diversos tipos de permisos. Entonces, “si el MMA declara un humedal como urbano, no va a haber situaciones conflictivas como un proyecto aprobado en ese periodo y que no respete los estándares”, resalta.
Pero, teniendo la ley como un valioso avance, la especialista se detiene en que su existencia conlleva nuevos desafíos como que, efectivamente, tras la declaración se gestionen y cuiden, para lo que muchas veces habrá que organizarse, reunir recursos o postular a proyectos para obtener financiamientos que a veces falta y también fiscalización. Añade que también será importante que desde el accionar municipal y/o comunitario se avance en iniciar declaratorias. En eso pone el acento Mario Delannays, seremi de Medio Ambiente Biobío, ya que sólo en la región quedan varias decenas de humedales que se podrían declarar.
Tanto en el caso de los que la cartera haya declarado o eventualmente declare de oficio, como en los que impulse un municipio, cree que la gobernanza es lo fundamental. Si no se transmite el valor y la información, si no se dialoga, si no se llega a acuerdos entre distintos actores sociales, si no se hace gobernanza “no brota nada”, asegura. Por ello, aclara, en los declarados de oficio por el MMA, que se acordó priorizar desde el levantamiento del centenar que se hizo, existía una mesa de gobernanza y “hay que hacer el refuerzo de que van a tener una categoría distinta”, adelanta.
Pero, “¿qué hacemos con los humedales fuera de los límites urbanos?”, es la pregunta que Verónica Delgado plantea como uno de los grandes retos, “están abandonados a la suerte de lo que quieran los privados hacer, como desecarlos, usarlos de basurero, etcétera”, lamenta y ello se debe a “un mal entendido derecho de propiedad sobre los elementos de la naturaleza y que hay cierta laxitud por parte de organismos del Estado de dar cambios de uso de suelo para desecar estos humedales y hacer actividades agrícolas o inmobiliarias”, advierte. En efecto, considera que “no tenemos una política pública coherente, estamos dando pasos valiosos y bien dirigidos, pero nos falta mucho”.
Y posibilidades concretas de avanzar hay, pues cuenta que “en el Congreso Nacional se está discutiendo una ley de turberas y por muchos años espera la aprobación de la ley sobre biodiversidad y áreas protegidas en Chile. Es una gran deuda y una vez que se apruebe se verían favorecidos muchos humedales o turberas no urbanos”.
Por lo mismo, si hay una evidente mayor consciencia ciudadana que la existencia de movimientos sociales y el activismo por el medioambiente o la educación ambiental han generado, que el interés se traduzca en involucramiento político que elija a representantes y tomadores de decisiones en coherencia es fundamental, asegura Mauricio Troncoso. Y también que hoy hay una oportunidad: “este año está marcado por un gran proceso político en el marco del ciclo electoral 2020-2022; tendremos las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes, concejales, constituyentes, las primarias presidenciales, de senadores y diputados, y las elecciones de consejeros regionales. Debemos buscar en los candidatos el efectivo reconocimiento de estos ecosistemas y de los ecosistemas en general, y así avanzar en una política de protección ambiental eficiente y acorde a las problemáticas ambientales actuales y futuras, locales y globales”.
Y si los representantes reconocen el valor de los ecosistemas también el de la evidencia científica o los saberes que hay en las propias comunidades de los territorios con tal de una mejor toma de decisiones y diseño de políticas públicas, según plantea el doctor Ricardo Figueroa. Porque asevera que “necesitamos tener una mirada holística para gestionar nuestro paisaje y vivir en armonía con nuestro entorno”, lo que implica generar un trabajo multi e interdisciplinario, es decir, que conversen y se complementen distintas experticias para llegar a conclusiones integrales; al mismo tiempo que sean diálogos intersectoriales, en los que participen todos los actores sociales, desde públicos y privados hasta la academia y ciudadanos, porque al pensar en la solución de los problemas ambientales y la protección de la naturaleza “todos podemos aportar”, concluye.
Algunos datos:
*En 2020 fue se publicó la Ley 21.202 de Humedales Urbanos y el reglamento para su protección.
*1.473 son los humedales urbanos que habría en Chile, según cifró el Catastro Nacional de Humedales.
*Los 3 humedales urbanos en Biobío que serán protegidos por la ley tras la declaración de oficio del MMA son la laguna Rayencura (Hualqui), El Avellano (Los Ángeles) y Cuatro Tubos (Cañete).