La iniciativa interconecta a 11 instituciones públicas y busca evitar que las personas deban presentar documentos que el Estado ya posee, en línea con la Ley de Transformación Digital y la estrategia de modernización del Ejecutivo.
El término de las negociaciones no estaría condicionado al reajuste de 2% planteado, sino más bien a generar condiciones de estabilidad laboral para el sector.
La Sala del Senado avanzó la discusión con la aprobación de 13 partidas, alcanzando un total de 18 ya despachadas.
Las reacciones llegaron tras el reciente pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) que objetó la fórmula empleada por el Ejecutivo para calcular el impacto fiscal del proyecto.
La actualización incorporó por primera vez un indicador (KPI) relativo a la protección de la biodiversidad.