La cercanía con importantes miembros de partidos políticos es clave para proyectar eventuales consecuencias en la intención de voto.
En el Congreso se ingresó una propuesta de reforma constitucional con el objetivo de sancionar e inhabilitar en dichos casos. Esto, tras los hechos que se han conocido en el caso que involucra a los juristas Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.
El jurista fue querellante por el gobierno en los casos Luchsinger Mackay y Catrillanca, querellante por la UDI en el caso de Jaime Gúzman y defensor del sacerdote John O´Reilly.