La iniciativa interconecta a 11 instituciones públicas y busca evitar que las personas deban presentar documentos que el Estado ya posee, en línea con la Ley de Transformación Digital y la estrategia de modernización del Ejecutivo.

Detractores alertan por mayores costos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Ejecutivo resalta que es en el Congreso donde deben analizarse variables y complementaciones.