Esto en vista de aquellas organizaciones de la sociedad civil que busquen financiamiento estatal. Diversos artículos del proyecto de ley proponen nuevas obligaciones y prohibiciones tanto a dichas entidades como a servicios públicos.

Actualmente la normativa contempla una base de 7 mil UTM. Esto es parte de los mecanismos de mayor control que había anunciado el Gobierno tras los episodios ocurridos en el denominado Caso Convenios.

El gobernador regional llegó hasta las dependencias del Ministerio Público, en medio de las diligencias que lleva adelante la fiscal, María José Aguayo. Fue en calidad de querellante, testigo e imputado.

Además, en audiencia el Ministerio Público informó a la imputada los múltiples hechos por los que está siendo investigada. Esto a partir del caso de la Fundación “En Ti”.