Mientras se afinan las conversaciones con universidades y parlamentarios, Nicolás Cataldo reiteró que el sistema de financiamiento actual es insostenible y debe reemplazarse. 

Entre otras cosas se aprobó que quien explote comercialmente máquinas de azar sin la correspondiente autorización de la Superintendencia de Casinos de Juego será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 11 a 200 UTM. Si las ganancias son superiores a tal monto, la multa irá del total al doble de lo obtenido.