Las altas cifras llevaron a las autoridades a tomar medidas más estrictas, y que permitan reducir la movilidad de la ciudadanía en una fase crítica de la pandemia.

El Estado tiene el deber de no interferir en la vida privada de las mujeres, pero, a la vez, debe crear las condiciones para que todas las mujeres, con independencia de sus condicionantes sociales, económicas y culturales puedan tomar de forma autónoma e informada decisiones sobre su sexualidad y salud.

Debemos requerir del constituyente abordar el debate en torno a los limites del uso de los datos e ir habilitando una legislación que permita mitigar impactos, por ejemplo, gravar el uso de tecnologías disruptivas que afecten al empleo, diseñar políticas públicas para la reconversión sin descartar sistemas de transferencia directa en el tiempo que permitan acompañar a los futuros marginados y un largo etc...

No podemos dejar de tener en mente que el 11 de abril próximo Chile se convertirá en el primer país en escribir una Constitución con paridad de género.