Se trata de una resolución del Ministerio de Energía que determinó un nuevo límite de potencia conectada para que los usuarios finales puedan optar entre una tarifa regulada o de precio libre.

Desde regiones vemos esto con alegría y esperanza. Donde la institucionalidad cultural es más débil y el centralismo muchas veces frena o retrasa procesos que por su naturaleza son dinámicos y diversos.