n todo este proceso de cambio, al Estado le corresponde cumplir el rol de facilitador y organizador de un ecosistema de cooperación y confianza, para lo cual ha habido señales alentadoras en los últimos años, a través de actores que crean la sinergia necesaria para pavimentar este camino.

Se ha dejado de lado ese rol inclusivo, articulador de identidades y de cohesión social que desarrolla la cultura en los territorios.

En nuestro caso, avanzar en la reutilización de las aguas es un imperativo. Hasta ahora, sólo hemos dictado la Ley 21.075/2018, sobre recolección, reutilización y disposición de “aguas grises” (de las duchas, lavamanos) y que no está operativa al no haberse dictado su reglamento.

En virtud de las enormes demandas económicas y sociales, que tienden a aumentar la presión fiscal, resulta prioritario el concurso de la voluntad política para lograr una gestión eficiente de los recursos.

Mi homenaje hoy está conformado por un grupo de profesionales de las ciencias jurídicas vinculados a la Universidad de Concepción cuyos nombres pronunciamos con profundo respeto y gratitud.