Fuertes cuestionamientos surgieron tras el comunicado del Gobierno, que señala que la iniciativa “podría constituir infracciones a las normas constitucionales”.

Tiempos duros ha debido enfrentar la dirigenta que representa a 430 socios, muchos de los cuales están a la espera de que les llegue ayuda, puesto que sus ventas no llegan al 30% de lo normal y deben seguir pagando sueldos y deudas.