Vecinos han realizado una serie de denuncias, y tanto la Superintendencia de Medio Ambiente como el municipio están al tanto del tema. Incluso desde la casa edil acusan que funcionarios han sido agredidos en las fiscalizaciones.

Es uno de los detalles más analizados dentro del proyecto que se discute en el Congreso. La propuesta también contempla un monto \$4 millones 500 mil, cancelados en dos cuotas, por cada profesional.