Mientras la defensa del infante de marina busca sacar al Indh de la causa, esgrimiendo un delito común, desde el Ejecutivo dijeron que no defenderán a violadores de los derechos humanos.
Trabajador asegura que la empresa contratista que lo despidió le debe \$15 millones.
La instancia, que reúne a cuatro universidades de la Región, llamó a “fortalecer la tolerancia, la no violencia y el trabajo conjunto entre los distintos actores sociales”.