El despliegue militar, previa aprobación del Congreso, según argumentó la representante de gobierno no implicará coartar las libertades de la ciudadanía, como es en el caso de declarado el estado de excepción.
Salud, educación, pensiones dignas y una real participación de la ciudadanía en el proceso constituyente son parte de las exigencias. Aseguran que el Gobierno no ha escuchado a la gente.