Un diálogo entre actores institucionales políticos, empresariales, urbanísticos, académicos y sectoriales de nivel central y regional, como de las comunidades territoriales y municipales, en particular de las áreas siniestradas es en consecuencia fundamental.

En este triste panorama que hoy vive la zona sur del país, todos estamos llamados a proteger el Derecho a Trabajar y evitar que nuevas leyes destruyan lo que tanto nos ha costado levantar.