Actualmente, la PDI investiga 23 delitos con armas de fuego en el territorio regional, 10 de ellos en comunas cubiertas por el Plan Calles Sin Violencia.

Alcaldes de Concepción, Hualqui y Chiguayante acusan falta de transparencia en la aprobación del recorrido de las torres de alta tensión. Recurso de reposición, Contraloría y Tribunal Ambiental son las instancias analizadas para recurrir.

Con financiamiento estatal y alianzas público-privadas, la zona da un paso clave en la descarbonización con la llegada de plantas españolas y chinas.

El Gobierno propone un proyecto que eleva exigencias para legalizar colectividades, regula comités parlamentarios y restringe el financiamiento a grupos partidarios sin representación.